miércoles, 22 de noviembre de 2017

La ley del encaje

Entre las numerosas acepciones de “ley” que incluye el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua podemos encontrar algunas definiciones a las que ya nos hemos referido en otras entradas de este blog; por ejemplo, la ley de Moisés o Ley Mosaica [Preceptos y ceremonias que Moisés dio al pueblo de Israel para su gobierno y para el culto divino]; la draconiana [Dicho de una ley o de una medida: Excesivamente severa]; la marcial [Ley penal y procesal militar que resulta de aplicación a todos los ciudadanos en situaciones excepcionales, como el estado de sitio formalmente declarado]; la orgánica [ley que inmediatamente deriva de la Constitución de un Estado, y que suele regular los derechos fundamentales y las principales estructuras políticas]; la seca [Ley que prohíbe el tráfico y consumo de bebidas alcohólicas]; o la universal [Ley que es válida cualquiera que sea la naturaleza de los cuerpos a que se aplica]. Es en ese marco donde el DRAE también incluye esta expresión coloquial –la ley del encaje– definiéndola como: Dictamen o juicio que discrecionalmente forma el juez, sin atender a lo que las leyes disponen.

El 18 de marzo de 1921, el escritor Miguel de Unamuno (*) publicó un artículo muy crítico titulado precisamente así, La ley del encaje, en la revista de actualidad Nuevo Mundo (**) en la que se refería a esta arbitrariedad: Y fue el pobre Cervantes (…) el que ponía en boca de Sancho lo de que el pobre tiene que disimular injurias –y aguantar injusticias, añadimos– el que hizo hablar al Caballero, aunque de paso, de la ley del encaje. En la edad de oro, “la ley del encaje aún no se había asentado en el entendimiento del juez”, decía el caballero á los cabreros (…). Y esta ley del encaje, injuria que tienen que disimular los pobres, es la íntima esencia de todo régimen despótico (…).

En concreto, la referencia de Unamuno a esta resolución arbitraria y caprichosa se encuentra en un pasaje de El Quijote (***) incluido en el capítulo XI de la I parte: la Ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había qué juzgar ni quién fuese juzgado; pero existe otra mención en la inmortal obra de Miguel de Cervantes, en el capítulo XLII de la II parte, cuando el caballero andante aconseja a su fiel escudero, antes que fuese a gobernar la ínsula, que: Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos.

NB: Cuadro | Pablo Picasso | Don Quijote (1955).

lunes, 20 de noviembre de 2017

El “ius exponendi” de Julio César y Cleopatra

La manus, el poder unitario del paterfamilias, comprende en sí diversas potestades: sobre la mujer –manus maritalis–; sobre los hijos – potestas o patria potestas–; sobre los esclavos – dominica potestas– y sobre los hijos de otros entregados en venta al paterfamilias –mancipium. El poder del paterfamilias sobre las personas a él sometidas era originariamente absoluto. Frente a los individuos libres y no libres de la casa, el señorío del paterfamilias otorga a éste el derecho de vida y muerteius vitae necisque. Como elemento de la potestas aparecen también el ius exponendi y el ius vendendi, esto es, los derechos de exponer y de vender a los individuos de la familia [1]. Esta prerrogativa del padre –como ha señalado la profesora Núñez Paz– se mantuvo durante toda la etapa republicana e imperial, empezó a matizarse con la legislación de Constantino y se criminalizó con las Sentencias de Paulo (siglo III).

En su opinión: la tradición de los hijos expósitos ha sido tristemente duradera a lo largo de la historia. Su origen está en la costumbre romana de colocar al recién nacido en el umbral de la puerta de entrada a la casa del pater familias. Si éste tenía a bien acogerlo, el niño tenía familia, pero si tomaba la decisión de no aceptarlo, quedaba expuesto en el foro, y su capacidad jurídica dependía de la persona que lo recogiera (…) [2]. De hecho, esta costumbre perduró tanto que, hoy en día, el Diccionario de la RAE aún incluye la voz “expósito” con la acepción de Dicho de un recién nacido: Abandonado o expuesto, o confiado a un establecimiento benéfico [la casa de expósitos o inclusa].

Probablemente, el ejemplo más conocido de este derecho de exponer o abandonar al recién nacido [3] sea el caso de “Cesarión” en el marco de las relaciones entre César y Cleopatra que, saltando las barreras de la pura investigación, han entrado en el campo de la fantasía novelesca. Desde el primer encuentro de ambos personajes, ya adornado con caracteres románticos –la entrada secreta de Cleopatra en el palacio envuelta en una alfombra, que fue desenrollada a los pies de César–, a la hipotética paternidad del hijo de Cleopatra, Cesarión, tesis, afirmaciones y suposiciones prácticamente inabarcables, han especulado sobre la existencia y grado de una relación amorosa, sobre su carácter mutuo o unilateral, sobre la incidencia de posibles intereses materiales y políticos. Muy pocos historiadores han sabido sustraerse a la fascinación del episodio, llenando con la fantasía las grandes lagunas de la documentación [4].

Aquel niño –el futuro Ptolomeo XV César– debió nacer el 23 de junio de 47 a.C. y fue expuesto en Roma por su madre, Cleopatra una mujer vestida y pintada como una cupletista que empujaba un cochecillo con un mamoncete llorón dentro, según el siempre sarcástico Indro Montanelli [5]– ante su presunto padre para que Julio César lo reconociera como miembro de su familia. En este enlace puedes ver la escena de la serie de TV Cleopatra (1999) (*).

En el siglo II de nuestra era (...) los dos rasgos esenciales de la patria potestas -la autoridad absoluta del padre sobre sus hijos y (...) del marido sobre la mujer (...)- se habían ido desdibujando gradualmente. (...) El pater familias dejó de tener sobre sus hijos el derecho de vida y muerte que las Doce Tablas y las leyes sagradas (...) les habían otorgado. Es cierto que aún poseía el terrible derecho, del que gozará hasta el año 374 de nuestra era, momento en que quedaría abolido gracias a la influencia del cristianismo, de abandonar a sus recién nacidos en los vertederos públicos, donde perecían de hambre y de frío si la piedad de un transeúnte (...) no los salvaba a tiempo [6].

Citas: [1] IGLESIAS; J. Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado. Barcelona: Ariel, 9ª ed., 1987, pp. 550 y 551. [2] NÚÑEZ PAZ, Mª I. “Algunas consideraciones sobre la pena de muerte en el derecho de familia romano”. En: AA.VV. Universitas vitae. Homenaje a Ruperto Núñez Barbero. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2007, p. 573. [3] GARCÍA GARRIDO, M. J. Derecho Privado Romano. Madrid: Dykinson, 1995, 6ª ed., p. 642. [4] ROLDÁN HERVÁS, J. M. Historia de Roma. I. La República Romana. Madrid: Cátedra, 1981, pp. 615 y 616. [5] MONTANELLI, I. Historia de Roma. Barcelona: Plaza y Janés, 1960, p. 199. [6] CARCOPINO, J. La vida cotidiana en Roma en el apogeo del Imperio. Barcelona. Círculo de Lectores, 2004, p. 102.

viernes, 17 de noviembre de 2017

La Constitución Imperial de Haití de 1805

El primer asentamiento francés en el Caribe data de 1625, cuando ocuparon, junto a los británicos, la isla de San Cristóbal (el Saint Kitts inglés). A partir de 1635, el ministro Richelieu buscó el dominio de algunas islas para abastecer al Canadá. Nace así la Compañía de las Islas de América, con misión comercial y colonizadora, que en su corta vida [Mazarino la disolvió en 1647] fue el instrumento para ocupar Martinica y Guadalupe (…), y a continuación Santa Cruz, Marigalante, Dominica, Granada, Santa Lucía y otras pequeñas islas (…); sin embargo, la zona más productiva para Francia en el Caribe será la región noroccidental de La Española que, abandonada por los españoles en 1605, fue ocupada por los supervivientes del ataque español a San Cristóbal en 1629 (…). Dos ataques españoles desde Santo Domingo en 1635 y 1638 lograron desalojarlos, pero tras la nueva retirada española, los sobrevivientes, refugiados en la vecina isla de la Tortuga (…) regresaron [1].

Por medio de un tratado firmado en Basilea (junio de 1795), España se había visto obligada a ceder la parte española de [el tercio occidental de la isla de] La Española a Francia a cambio de la devolución de los territorios perdidos en Europa. (…) dando lugar a la colonia francesa de Saint-Domingue que, a finales del siglo XVIII, era la más productiva de las Antillas aunque también era la que tenía los problemas económicos y sociales más complejos. Una complejidad que se vio incrementada por las consecuencias de la toma de la Bastilla en la metrópoli dando lugar a una turbulenta corriente de revoluciones, guerras e invasiones de la parte francesa de la isla por las tropas españolas y, viceversa. Finalmente, Jean-Jacques Dessalines, un antiguo esclavo, emprendió la última y sangrienta etapa en la carrera por la independencia que se proclamó el 1 de enero de 1804, cuando la antigua colonia francesa de Saint-Domingue se convirtió en Haití [2] y Dessalines se autoproclamó emperador bajo el nombre de Jacques I.

En ese contexto, el 20 de mayo de 1805, el monarca caribeño sancionó la nueva Constitution Imperiale d’Haiti. Su Art. 1 estableció que El pueblo habitante de la noble isla llamada Santo Domingo decide aquí formarse como Estado libre, soberano e independiente de todo poder del universo, bajo el nombre de Imperio de Haití. A continuación, el Art. 2 abolió la esclavitud para siempre, disponiendo (Art. 12) que Ningún blanco, cualquiera [que] sea su nación, pondrá un pie en este territorio con el título de amo o de propietario, y de ahora en adelante aquí no podrá adquirir ninguna propiedad. La ciudadanía haitiana (Arts. 7 y 8) se perdía por la emigración y la naturalización en país extranjero, y por la condena a penas aflictivas e infamantes y se suspendía por efecto de bancarrotas y quiebras; disponiendo que todo ciudadano debe poseer un oficio manual (Art. 11).

Guillaume Guillon Lethière
El juramento de los antepasados (1822)
El Art. 19 encomendaba el Gobierno de Haití al emperador Jacques I, el vindicador y libertador, definiéndolo como Primer Magistrado y Jefe Supremo del Ejército. Su majestad era sagrada e inviolable (Art. 21) y elegía a sus sucesor en el trono de la manera como lo juzgue conveniente (Art. 26) que no tenía por qué ser un familiar, dado que la Corona era electiva y no hereditaria (Art. 23). Entre sus funciones (Arts. 30 y ss), el soberano sella y promulga las leyes, nombra y revoca a su voluntad a los ministros, al general en jefe del Ejército, a los consejeros de Estado, a los generales y otros agentes del Imperio, los oficiales del Ejército y de la Marina, los miembros de las administraciones locales, los comisarios del Gobierno cercanos a los tribunales, los jueces y otros funcionarios públicos. (…) dirige los ingresos y gastos del Estado, vigila la fabricación de las monedas. (…) A él solo le es reservado el poder de hacer la paz o la guerra (…) y tiene el derecho de absolver a un culpable o de conmutar su pena. Entre otros aspectos destacados, el Art. 39 de aquella ley fundamental imperial creó dos únicos ministerios (Finanzas e Interior y Guerra y Marina); reconoció el derecho que tiene cada individuo de hacer un juicio amistoso por árbitros de su elección (Art. 45); fue tolerante con la libertad de cultos (Art. 51); reguló la muerte de aquél que se la hubiera dado a sus semejante (Art. 8 de las disposiciones generales); y autorizó el divorcio y el matrimonio civil (Arts. 14 y 15 DD.GG.).

Un año más tarde, en octubre de 1806, el impopular emperador fue asesinado por sus enemigos –los generales Alexandre Petion [en el cuadro, el personaje de la izquierda frente al emperador] y Henri Christopheque arrojaron su cuerpo a la calle en donde fue destrozado por las turbas [3].

La Constitución Imperial de 1805 –que fue la segunda de Haití tras la Carta Magna de 1801– fue derogada en 1806 y, desde entonces, este país ha tenido más de una veintena de leyes supremas (una de ellas, la de 1816, estuvo vigente en la vecina República Dominicana cuando Santo Domingo fue ocupado por los haitianos, entre 1822 y 1844); la última es la actual Constitution de la République d'Haiti de 10 de marzo de 1987 (suspendida por varios golpes de Estado, reinstaurada en 1994 y enmendada en 2012).

Citas: [1] SAAVEDRA INARAJA, M. “Las colonizaciones no ibéricas”. En AMORES CARREDANO, J. B. (Coord.). Historia de América. Barcelona: Ariel, 2006, pp. 579 y 580. [2] MOYA PONS, F. “La Independencia de Haití y Santo Domingo”. En AA.VV. Historia del Caribe. Barcelona: Crítica, 2001, pp. 9, 14 y 15. [3] Ob. cit. p. 18.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

El Decreto de Unidad de Fueros

El Art. 248 de la Constitución Política de la Monarquía Española, que se promulgó en Cádiz el 19 de marzo de 1812 -"La Pepa"- proclamó que En los negocios comunes, civiles y criminales, no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas; aunque los dos siguientes preceptos mantuvieron otras tantas excepciones: Los eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su estado, en los términos que prescriben las leyes o que en adelante prescribieren (Art. 249) y Los militares gozarán también de fuero particular, en los términos que previene la ordenanza o en adelante previniere (Art. 250). A continuación, la Constitución de 1837 que revisó aquella ley fundamental, también dispuso que: Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía, y en ellos no se establecerá más que un solo fuero para todos los españoles en los juicios comunes, civiles y criminales (Art. 4). Idéntico criterio que se mantuvo en el Art. 4 de la Constitución de 1845, aunque exponiéndolo de forma mucho más breve: Unos mismos Códigos regirán en toda la Monarquía.  Con esos tres precedentes constitucionales, la Gaceta de Madrid (actual BOE) de 7 de diciembre de 1868 publicó el denominado Decreto de Unidad de Fueros.

Su parte expositiva comenzó refiriéndose a la justicia y conveniencia de enunciar la prescripción de la unidad de fueros; basándose en que la diversidad de fueros, por razón de las personas que litigan, no tiene razón de ser porque embaraza la administración de justicia; hace imposible que el malhechor sienta cuanto antes el castigo que merece su delito; dá lugar á que el particular no vea reparado su derecho, violado por un tercero, con la prontitud que la justicia exije y la conveniencia reclama, puesto que, empeñados conflictos entre las diversas jurisdicciones, se difiere por mucho tiempo la represión que la ley demanda cuando sus prescripciones han sido holladas ó desconocidas por los que son súbditos. Concluyendo que: Con la diversidad de fueros son múltiples las jurisdicciones encargadas de aplicar unos mismos códigos; y no reconociendo un Tribunal superior común que fije la inteligencia de la ley, que uniforme la jurisprudencia, que ejerza alta inspección sobre todos ellos, de manera que pueda obligar con sus repetidos fallos á que los encargados de administrar justicia, sin distinción, se atemperen á las doctrinas legales que sanciona, las más contrarias interpretaciones se consagran en las ejecutorias, los más absurdos principios se enseñorean en el foro, la más ruinosa confusión prevalece en él, que redunda en perjuicio de los particulares que no saben fijamente cuáles son sus derechos, dada la divergencia en el modo de entender la voluntad del legislador, y de los mismos Tribunales que se desautorizan con sus encontradas declaraciones.

De modo que este decreto de 1868 –aunque mantuvo las jurisdicciones militar y eclesiástica– creó una jurisdicción ordinaria única para conocer de los negocios civiles y de las causas criminales, suprimiendo por completo las que ya existían de Hacienda [con los juzgados especiales de Hacienda] y de Comercio [Tribunales de Comercio]. Con esta disposición, se “borraron” de nuestra legislación las leyes que dan origen á tamaños males.

Hoy en día, el Art. 117.5 de la Constitución de 1978 dispone que: El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales; lo que excluye las jurisdicciones especiales, tanto los Tribunales de excepción (Art. 117.6) como los Tribunales de Honor (Art. 26), pero se mantiene la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense.

NB: En España, la existencia de una pluralidad de jurisdicciones se remonta a la época de los visigodos cuando este pueblo se asentó en la Península Ibérica pero siguió rigiéndose por su tradicional Derecho Consuetudinario de origen germánico mientras que la población hispanorromana local continuó aplicando el Derecho Romano escrito para resolver sus propios asuntos. Como ya tuvimos ocasión de mencionar al analizar el derecho de los visigodos, su primer texto legal, el Código de Eurico [Codex Euricianus] se redactó precisamente para intentar solucionar todos los litigios jurídicos mixtos en que intervenían godos y romanos.

lunes, 13 de noviembre de 2017

El uno por ciento de los moteros [los “onepercenter”]

El origen de esta expresión tan coloquial –y de cualquiera de sus variantes: “1%”, “1%er” o “1 percenter”– se remonta a la festividad del 4 de julio de 1947, en plena postguerra, cuando la American Motorcycle Association (AMA) organizó una concentración motera –la Gypsy Tour– en la tranquila localidad californiana de Hollister (EE.UU.) a la que acudieron cerca de 4.000 asistentes que –según la revista Life del posterior 21 de julio– “aterrorizaron” a sus habitantes durante aquel fin de semana, al ocasionar algunos disturbios que obligaron a intervenir a la policía y a que la AMA, al menos presuntamente (porque nadie de la Asociación lo reconoció), difundiera un comunicado para tranquilizar a la población, afirmando que el 99% de los motociclistas que acudieron al Hollister Riot eran buenos ciudadanos, respetuosos de la ley; lo que daba a entender que solo el 1% restante actuaba al margen de las normas. Aquella frase tuvo tanta fortuna que sirvió para crear una subcultura específica entorno a los moteros outlaw [no necesariamente delincuentes sino al margen de las reglas de conducta de la AMA]. Comenzaron a fundarse clubes para reunirlos –como los famosos Ángeles del Infierno [Hell’s Angels] que adoptaron el emblema de un 1% dentro de un diamante rojo– y, en la siguiente década, Hollywood creó su icónica imagen con Marlon Brando montado sobre una Triumph en la película The Wild One [en España, Salvaje, dirigida por László Benedek en 1953], basada en los sucesos ocurridos durante aquel verano de 1947.


Desde entonces, incluso en la jurisprudencia de Estados Unidos podemos encontrar algunas curiosas resoluciones que se refieren a los onepercenter; por ejemplo, resulta muy significativo un auto del 10 de diciembre de 2010, dictado por el tribunal federal del décimo circuito (Oklahoma) para denegar una apelación. El magistrado reiteró, como señalamos anteriormente, que the terms “outlaws” and “one-percenters” signified being outside the supervision of the American Motorcyclist Association (AMA), not being involved in criminal enterprises (es decir, que ambas expresiones no conllevan que se trate de delincuentes sino de miembros de clubes motoristas ajenos a la AMA); de hecho, existe un Outlaw Motorcycle Club [aka (alias) American Outlaw Association] desde mediados de los 60. Y añadió: [a] onepercenter is usually considered the one person out of a hundred people that does not wish to conform to the laws of the Government, or, you know, to society (por lo general se define como aquella persona que, en un grupo de cien, no desea ajustarse a cumplir con las leyes gubernamentales o, ya sabes [sic], de la sociedad).

PD: la AMA es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1924, con sede en Pickerington (Ohio), que se rige por su propio Code of Regulations, de enero de 2016.

viernes, 10 de noviembre de 2017

La ley que obliga a indicar el grupo sanguíneo y el RH en los uniformes escolares cariocas

El 31 de marzo de 2016, la Câmara Municipal [Ayuntamiento] de Rio de Janeiro (Brasil) adoptó los cuatro artículos de la breve Ley nº 6.062 que Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do grupo sanguíneo e fator RH nos uniformes de todos os alunos matriculados nas escolas da rede pública e privada no Município e dá outras providências. En concreto, el Art. 1 establece que Todos os alunos matriculados na rede pública municipal e na rede privada no Município deverão portar, em seus respectivos uniformes, identificação do seu grupo sanguíneo e fator RH. (…) O disposto no caput deste artigo aplica-se ao alunado do ensino fundamental e médio. Es decir, que esta medida es obligatoria para todos los alumnos de enseñanzas básica y media que estén matriculados tanto en centros de educación municipales públicos como en los privados, a los que se brinda cierta libertad –a definição da melhor opção (Art. 2.2)– a la hora de aplicar esta obligación.

Estas identificaciones sanguíneas podrán ser pintadas, bordadas ou afixadas de outra forma, desde que permanente e duradoura (Art. 2.1) en la parte delantera superior derecha [parte dianteira superior direita] del uniforme, comprendiendo como tal la blusa, camisa, camiseta y abrigo.


En contra de ese criterio, el prefeito Marcelo Crivella [alcalde carioca; recordemos que este gentilicio solo se refiere a los habitantes de la ciudad de Río, no a los del resto de Brasil] denunció que esta polémica Lei Municipal 6062/16 invadía sus competencias privativas, violando el principio de separación de poderes; pero el 30 de octubre de 2017, el Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desestimó su recurso declarándolo improcedente y confirmando la constitucionalidad de aquella norma.

En su fallo (*), que apenas requiere traducción, el órgano especial justifica la adopción de esta norma municipal porque: A identificação do tipo sanguíneo dos alunos da rede pública se coaduna [asocia] com a infeliz realidade de crianças, feridas por balas perdidas e outras formas de violência. A providência pode, sem dúvida, contribuir para o tratamento médico imediato e eficaz, em caso de emergência.

miércoles, 8 de noviembre de 2017

El contenido jurídico del testamento y codicilo de Isabel la Católica

La reina Isabel I de Castilla otorgó su testamento el 12 de octubre de 1504 en la villa vallisoletana de Medina del Campo (…) estando enferma de mi cuerpo de la enfermedad que Dios me quiso dar y sana y libre de mi entendimiento; la soberana ordenó su última voluntad para disponer de mi casa como si luego la hubiere de dejar. Tras indicar cómo quería disponer sus exequias funerarias y mandar que ante todas las cosas, sean pagadas todas las deudas y cargos (…) que se hallare yo deber; la reina castellana “ordenó, estableció e instituyó” por su universal heredera de todos mis reinos, tierras y señoríos y de todos mis bienes a la ilustrísima princesa doña Juana, archiduquesa de Austria (…), mi querida y muy amada hija primogénita, heredera y sucesora legítima (…) y, que a mi muerte se intitule reina. Podría decirse que esta era la finalidad primordial de su testamento: que Juana I le sucediera en el trono.

En posteriores “otrosíes”, la monarca ruega que no cesen las conquistas en África, pugnando por la fe contra los infieles; que se favorezcan las cosas de la Santa Inquisición; que la familia real sea muy benigna y humana con sus súbditos y naturales, tratándoles bien y poniendo mucha diligencia en la administración de justicia a los vecinos y moradores (…) haciéndola administrar a todos igualmente, así a los chicos como a los grandes, sin distinción de personas, y que guarden y hagan guardar todas las leyes y pragmáticas y ordenanzas por nos hechas concernientes al bien y pro común de los dichos mis reinos.

Eduardo Rosales | Doña Isabel la Católica dictando su testamento (1864)

Aunque el testamento contiene diversos elementos vinculados con el ámbito del Derecho, el mayor contenido jurídico lo encontramos en el posterior codicilo. Según la Biblioteca Nacional de España (*): El 23 de noviembre de 1504, tres días antes de su muerte, la reina Isabel firma en Medina del Campo un codicilo en presencia del mismo notario, Gaspar de Gricio, y de cinco de los siete testigos que habían asistido el 12 de octubre anterior al otorgamiento y firma de su testamento. Si la reina se había referido en el testamento a los aspectos fundamentales del gobierno de los Reyes Católicos, en el codicilo, además de expresar su deseo de aprobar lo que había dispuesto en el testamento, aborda, por un lado, cuestiones que afectan directamente al gobierno peninsular y, por otro, muestra su preocupación por la política que está ejerciendo España en América, sentando las bases de las Leyes de Indias. (…) El codicilo comienza con una breve salutación a la divinidad para ratificar a continuación lo expresado en el testamento. Siguen las diecisiete cláusulas que constituyen el cuerpo del codicilo y la rúbrica de la reina con los restos del sello de placa real. Finaliza el documento con la suscripción notarial y las firmas y sellos de los cinco testigos.

Desde una perspectiva jurídica, la cláusula más interesante es aquélla en la que lamenta no haber podido llevar a cabo una compilación normativa: Otrosí, por cuanto yo tuve deseo siempre de mandar reducir las leyes del Fuero y Ordenamientos y pragmáticas en un cuerpo donde estuviesen mas brevemente e mejor ordenadas declarando las dudosas y quitando las superfluas por evitar las dudas y algunas contrariedades que cerca dellas ocurren y los gastos que dello se siguen a mis súbditos e naturales; lo cual a causa de mis enfermedades y otras ocupaciones no se ha puesto por obra; por ende suplicamos al Rey mi Señor y Marido y encargo a dicha Princesa mi hija, y al dicho Príncipe su marido, y mando a los otros mis testamentarios que luego hagan juntar un prelado de ciencia y conciencia con personas doctas y sabias y experimentadas en los derechos, y vean todas las dichas leyes del Fuero y Ordenamientos y Pragmáticas y los pongan y reduzcan todos a un cuerpo, donde estén más bien y compendiosamente compiladas.

Un año más tarde, por aquel encargo de Isabel la Católica, se nombró una comisión de expertos –integrada por prestigiosos licenciados, el obispo de Córdoba y los doctores Montalvo, Galíndez de Carvajal y Palacio Rubio– para que recopilara toda la normativa existente y pusiera orden en la difícil convivencia entre fueros municipales y nobiliarios y entre éstos y las Siete Partidas, solucionando la falta de un texto legal aplicable en muchos litigios y las contradicciones existentes entre normas tan diversas. El resultado fueron las denominadas Leyes de Toro: 83 leyes que resolvían múltiples cuestiones, especialmente en materia de Derecho Civil, que se publicaron por decreto de las Cortes de Toro (Zamora) en 1505.

NB: la imagen superior es la entrada del Palacio Real Testamentario de Medina del Campo (Valladolid | Castilla y León).

lunes, 6 de noviembre de 2017

¿Qué es la insaculación de peritos?

Al regular el “dictamen de peritos”, el Art. 616 del Real Decreto de 3 de febrero de 1881 [por el que se aprobó el proyecto de reforma de la Ley Enjuiciamiento Civil] dispuso que: Cuando las partes no se pongan de acuerdo sobre el nombramiento de perito o peritos, el Juez insaculará en el mismo acto los nombres de tres, por lo menos, por cada uno de los que hayan de ser elegidos, de los que en el partido judicial paguen contribución industrial por la profesión o industria a que pertenezca la pericia, y se tendrán por nombrados los que designe la suerte. Si no hubiere dicho número, quedará a elección del Juez la designación del perito o peritos, cuyo nombramiento verificará dentro de los dos días siguientes al de la comparecencia. A continuación, el Art. 1.237 de esa misma norma estableció que: A propuesta de los síndicos podrá el Juez acordar que sean tres los peritos, elegidos del mismo modo, cuando a su juicio lo requiera la importancia de alguna finca. Para el acto de la insaculación y sorteo de los peritos se citará a la representación de los síndicos y del concursado, con señalamiento de día y hora. Si comparecen, y se ponen de acuerdo en el nombramiento de perito o peritos, se tendrán por nombrados los que designen. En otro se hará la elección conforme a dicho Art. 616.

Hoy en día, la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) no cita, expresamente, la insaculación de peritos –en su sentido etimológico de “Poner en un saco, urna u otro recipiente papeletas o bolas con números o con nombres de personas o cosas, para un sorteo” (RAE)– pero este sistema se induce del procedimiento para la designación judicial de peritos previsto en el Art. 341.1 LEC: En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos Colegios profesionales o, en su defecto, de entidades análogas, así como de las Academias e instituciones culturales y científicas (…) el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos. La primera designación de cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del Secretario Judicial, y a partir de ella se efectuarán las siguientes designaciones por orden correlativo. Es decir, durante la celebración de un juicio, si las partes no se ponen de acuerdo a la hora de designar al perito, el tribunal acordará recurrir a los trámites previstos en la LEC para nombrarlo.

Según el Diccionario del Español Jurídico, este mecanismo es un procedimiento administrativo cuya resolución final consiste en la certificación del resultado de una elección de personas (…) –en este caso, los peritos– efectuada mediante un procedimiento objetivo y completamente aleatorio, consistente en introducir en un recipiente cerrado papeletas o bolas indiscernibles desde fuera, en las que figuran los nombres o números identificativos de las personas (…) y después de haberlas mezclado bien, extraer, ciegamente y al azar, las necesarias para determinar las personas (…) correspondientes.

viernes, 3 de noviembre de 2017

Los actos legislativos, delegados y de ejecución de la Unión Europea

El Art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone que: Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. Esos son sus actos jurídicos. A continuación, el Art. 289 TFUE establece que el procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión (…). En los casos específicos previstos por los Tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo, bien por el Consejo con la participación del Parlamento Europeo, constituirá un procedimiento legislativo especial. Ya sea por uno u otro procedimiento –ordinario o especial– como estos actos jurídicos emanan de la autoridad legisladora de la Unión Europea, los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán actos legislativos (Art. 289.3 TFUE).

Junto a estos actos jurídicos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo [actos legislativos], podemos encontrarnos con otros actos [jurídicos] no legislativos de alcance general que completan o modifican determinados elementos no esenciales de un acto legislativo [los llamados actos delegados: Un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo (Art. 290.1 TFUE)] y con actos de ejecución adoptados generalmente por la Comisión, competente para ello –como afirma el Parlamento Europeo [1] – en el caso de los actos jurídicamente vinculantes que requieren condiciones uniformes de ejecución [Los Estados miembros adoptarán todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión. Cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, éstos conferirán competencias de ejecución a la Comisión o, en casos específicos debidamente justificados y en los previstos en los artículos 24 y 26 del Tratado de la Unión Europea, al Consejo. A efectos del apartado 2, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán previamente, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las normas y principios generales relativos a las modalidades de control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (Art. 291 TFUE)].

Es decir, en la jerarquía de las normas de Derecho derivado de la Unión Europea nos encontraremos con actos jurídicos que, como su propio nombre ha de indicar, pueden ser legislativos, delegados o de ejecución. Veamos varios ejemplos:
  1. Actos legislativos: Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro; Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos; y Decisión (UE) 2017/684 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, por la que se establece un mecanismo de intercambio de información con respecto a los acuerdos intergubernamentales.
  2. Actos delegados: Reglamento Delegado (UE) 2017/653 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo; Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión, de 7 de abril de 2016, por la que se complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo; y Decisión Delegada (UE) 2016/790 de la Comisión, de 13 de enero de 2016 que modifica el anexo V de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
  3. Actos de ejecución: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/805 de la Comisión, de 11 de mayo de 2017, por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa flazasulfurón; Directiva de Ejecución (UE) 2016/1914, de la Comisión, de 31 de octubre de 2016, que modifica las Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE; y Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

miércoles, 1 de noviembre de 2017

El sistema de administración de justicia de las Naciones Unidas (y II)

En 2007, la Asamblea General de la ONU decidió crear un nuevo sistema para resolver las controversias internas y las cuestiones disciplinarias en las Naciones Unidas que se perfiló durante el siguiente periodo de sesiones cuando este órgano plenario adoptó la resolución A/RES/63/253, de 24 de diciembre de 2008, instituyendo un tribunal como primera instancia del sistema formal de administración de justicia de dos niveles: 1) Un Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas [(TCANU); en inglés: United Nations Dispute Tribunal (UNDT)] y 2) Un Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas [United Nations Appeals Tribunal (UNAT)], en segunda instancia. De acuerdo con el Art. 3 del Estatuto del TCANU –incluido como Anexo I de dicha resolución– pueden entablar una demanda (ratione personae): a) Los funcionarios de las Naciones Unidas, ya sean de la Secretaría de las Naciones Unidas o de fondos y programas de las Naciones Unidas administrados separadamente; b) Los antiguos funcionarios de las Naciones Unidas, ya sean de la Secretaría de las Naciones Unidas o de fondos y programas de las Naciones Unidas administrados separadamente; c) Las personas que actúen en nombre de un funcionario de las Naciones Unidas incapacitado o fallecido, ya sean de la Secretaría de las Naciones Unidas o de fondos y programas de las Naciones Unidas administrados separadamente.

Cuando fracasa el sistema informal –una opción eficiente y eficaz para el personal que procura obtener una reparación, evita litigios innecesarios y aprovecha los mecanismos existentes de solución y mediación para facilitar el diálogo entre el personal y la administración de esta organización internacionaly el conflicto laboral persiste porque el funcionario considera que una decisión administrativa vulneró sus derechos, el procedimiento continúa por la senda del sistema formal, impugnando aquella decisión, formalmente, de acuerdo con los siguientes pasos:
  1. Evaluación interna: antes de acudir a los tribunales, el demandante tiene que enviar una carta al Secretario General Adjunto de Gestión -poniendo en copia al responsable de su propio departamento o jefe del Fondo o Programa donde presta sus servicios- en la que explicará qué decisión administrativa ha vulnerado sus derechos (especificando cuáles), en qué motivos se basa para solicitar esta evaluación interna y quién tomó esa decisión (detallando el momento y las circunstancias). Todo ello antes de que hayan transcurrido 60 días naturales desde el momento en que se le notificó la decisión administrativa que quiere impugnar. Si no recibe una respuesta razonada en un plazo que oscila entre los 30 y los 45 días –en función de la dispersión geográfica que caracteriza al Sistema de las Naciones Unidas– puede continuar con su solicitud (con un nuevo plazo de 90 días); y si la Dependencia de Evaluación Interna de la Oficina del Secretario General Adjunto de Gestión responde a su petición pero él no está de acuerdo con el resultado de la evaluación, podrá presentar una demanda ante la Secretaría del TCANU –en sus sedes de Nueva York, Ginebra o Nairobi, en función de la cercanía a su puesto de trabajo– como tribunal de primera instancia del sistema formal.
  2. Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas: en esta fase, el magistrado examina los hechos [por ejemplo: la no concesión de un ascenso, la no selección para un puesto, los derechos asociados a un empleo, la no renovación de un contrato, las prestaciones, el despido o la destitución y otras medidas disciplinarias, así como cualesquiera otras cuestiones relacionadas con el empleo], celebra una vista oral [que, generalmente, suele ser pública salvo que existan circunstancias excepcionales que exijan su celebración a puerta cerrada; en esta sesión, el magistrado decidirá si es necesaria la comparecencia personal del demandante o de cualquier otra persona así como los medios apropiados para dar cumplimiento a esa exigencia; recordemos que en principio, el denunciante no tiene derecho a ser escuchado en persona ni a llamar a testigos, pero puede solicitárselo al magistrado, que decidirá si lo permite o no (*)]; asimismo, puede suspender las actuaciones si las partes lo solicitan, acordar medidas provisionales [para brindar protección temporal a cualquiera de las partes, cuando la decisión administrativa parezca “prima facie” ilegal, en casos de especial urgencia y cuando su ejecución pueda causar un daño irreparable] y adopta una decisión sobre el fondo de la causa, siendo su fallo vinculante para las partes [anulando la decisión administrativa impugnada o el cumplimiento específico y/o estableciendo el pago de una indemnización].
  3. Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas: en segunda instancia, durante los 45 días posteriores a comunicar aquella sentencia, si el funcionario o el Secretario General no están conformes con el sentido del veredicto del TCANU, pueden interponer un recurso de apelación ante este órgano en aquellas causas en las que se afirme que el Tribunal Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas se extralimitó en su jurisdicción, si no ejerció sus competencias o cometió un error de hecho, de derecho o de procedimiento.

En todo este procedimiento, el funcionario recibirá asesoramiento jurídico gratuito por parte de la Oficina de Asistencia Letrada al Personal, integrada por oficiales jurídicos de dedicación exclusiva que cumplen funciones en la Sede de las Naciones Unidas de Nueva York y en Addis Abeba, Beirut, Ginebra y Nairobi; luego no es necesaria la intervención de un abogado aunque, si el demandante lo estima adecuado, puede contratarlo a su costa y teniendo en cuenta que el letrado tendrá que estar habilitado para litigar en esa jurisdicción.

lunes, 30 de octubre de 2017

El régimen especial del Valle de Arán

La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña, estableció que: En el marco de la Constitución y del presente Estatuto serán reconocidas y actualizadas las peculiaridades históricas de la organización administrativa interna del Valle de Arán. Para cumplir con ese mandato estatutario, el Parlamento catalán adoptó la Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre régimen especial del Valle de Arán, cuyo preámbulo establecía [sic] que: En el conjunto de Cataluña destaca por su propia personalidad Arán o el Valle de Arán, territorio ligado por la situación geográfica, por los orígenes históricos, por la lengua y por la cultura a las tierras gasconas y a la gran familia occitana, pero unida libremente, a través de pacto, al Principado de Cataluña. Desde 1175, el Valle pasó a formar parte de la Corona catalano-aragonesa por el Tratado de Amparanza [denominado así porque el reino de Aragón amparaba aquel territorio] que los araneses estipularon con el rey Alfonso I [de Aragón, el Batallador]. En 1313, los araneses decidieron por votación popular la permanencia del Valle en la Corona catalano-aragonesa, al mismo tiempo que Jaime II [de Aragón, el Justo] otorgó el conjunto de privilegios denominado Era Querimónia, verdadera Carta Magna de Arán, ratificada por todos los Reyes [de España] hasta Fernando VII.

En 1411, además, el Síndico de Arán ofreció la unión libre y pactada de Arán al Principado de Cataluña, cosa que el Parlamento catalán aceptó. El Decreto de Nueva Planta de 1716, que suprimió las instituciones políticas de Cataluña, no afectó al régimen político-administrativo del Valle de Arán y, por eso, no fue éste incorporado a ninguno de los nuevos corregimientos en que se dividió el Principado. Hasta que en 1834 la Reina Gobernadora [la regente María Cristina de Borbón que reinó durante la minoría de edad de la futura Isabel II] suprimió las instituciones tradicionales aranesas, hecho que culmino en una acción de fuerza del Gobernador real Pascual Madoz que impuso en el Valle de Arán el nuevo régimen administrativo general del Estado [se refiere a la nueva división territorial de España que se publicó en dos Reales Órdenes de 8 y 9 de abril de 1834 en las que se decidió dividir Cataluña en cuatro provincias (Art. 1); de modo que el Valle de Arán se incorporó a la de Lérida].

Hoy en día, tanto la Ley Orgánica 4/1979 como la Ley 16/1990 se encuentran derogadas; el actual marco de este singular valle pirenaico se regula en:
  1. El Estatuto de Autonomía de Cataluña [Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio]: Art. 11: 1. El pueblo aranés ejerce el autogobierno mediante el presente Estatuto, el Conselh Generau de Aran y las demás instituciones propias. 2. Los ciudadanos de Cataluña y sus instituciones políticas reconocen a Arán como una realidad occitana dotada de identidad cultural, histórica, geográfica y lingüística, defendida por los araneses a lo largo de los siglos. El presente Estatuto reconoce, ampara y respeta esta singularidad y reconoce Arán como entidad territorial singular dentro de Cataluña, la cual es objeto de una particular protección por medio de un régimen jurídico especial. Y el Art. 94: 1. Arán dispone de un régimen jurídico especial establecido por ley del Parlamento. Mediante este régimen se reconoce la especificidad de la organización institucional y administrativa de Arán y se garantiza la autonomía para ordenar y gestionar los asuntos públicos de su territorio. 2. La institución de Gobierno de Arán es el Conselh Generau, que está formado por el Síndic, el Plen des Conselhèrs e Conselhères Generaus y la Comission d´Auditors de Compdes. El Síndico o Síndica es la más alta representación y la ordinaria de la Generalitat en Arán. (…). 4. El Conselh Generau tiene competencia en las materias que determine la ley reguladora del régimen especial de Arán (…).
  2. Dicha norma es la Ley 1/2015, de 5 de febrero, del régimen especial de Arán; cuyo Art. 1 define a este valle como: una realidad nacional occitana, dotada de identidad cultural, histórica, geográfica y lingüística [con su propia normativa específica, la Ley 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Arán], defendida por los araneses a lo largo de los siglos, reconocida por el Estatuto de autonomía de Cataluña como entidad territorial singular formada por la agrupación de «terçons», con personalidad jurídica propia y plena capacidad y autonomía, estatutariamente garantizada, para la gestión de los intereses propios de la comunidad política a la que representa. En cuanto a los mencionados “terçons” se trata de las seis circunscripciones administrativas mayores [Pujòlo, Arties e Garòs, Castièro (donde se encuentra Vielha, sede administrativa del Consejo General de Arán), Marcatosa, Lairissa y Quate Lòcs] en las que se agrupan los pueblos araneses.


Como curiosidad, la disposición adicional primera de esta ley catalana incluye el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo aranés, al afirmar que el Parlamento de Cataluña reconoce el derecho del pueblo aranés a decidir su futuro.

viernes, 27 de octubre de 2017

¿Dónde se regulan las subastas electrónicas?

El Art. 1.7 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, definió la "subasta electrónica" como un proceso repetitivo basado en un dispositivo electrónico de presentación de nuevos precios, revisados a la baja, o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas y que permite proceder a su clasificación mediante métodos de evaluaciones automáticos [aquella disposición fue derogada por la actual Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, que dedica el extenso Art. 35 a esta clase de subastas].

En España, como recuerda el registrador José María de Pablos O’Mullony (*): Todas las subastas oficiales judiciales y notariales celebradas (…) hasta el año 2015, han sido sistemas de venta pública, pero de formalización presencial; dotadas de escasa publicidad, de una liturgia encorsetada y estrecha que fiaba al puro formalismo la garantía de su realización; era un sistema poco evolucionado, mucho más próximo al siglo XIX que al XXI y que en nada aprovechaba las posibilidades técnicas existentes ya desde hacía dos décadas. Estas circunstancias hicieron del sistema un coto prácticamente cerrado a los mismos acreedores o a los profesionales de las subastas, no necesariamente “subasteros” en el peyorativo significado del término, que parece siempre incluir prácticas inmorales, sino de personas que habían hecho de la intermediación en las subastas su forma de vida, exprimiendo a su favor la limitadísima publicidad de aquellas. (…) El sistema cambia radicalmente con la publicación de varias normas (…) en una apuesta decidida por el futuro y por procedimientos electrónicos.

El primer paso se dio el 26 de octubre de 2012 cuando el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo por el que se creó la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. El resultado de los trabajos de esta Comisión se materializó en un informe que incluía hasta un total de 217 medidas para, entre otros objetivos, mejorar la eficacia y eficiencia de las Administraciones Públicas, simplificar la tramitación administrativa y eliminar trabas burocráticas. Entre estas medidas estaba el impulso de un sistema de subastas electrónicas con la creación de un portal de subastas en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, según expone el preámbulo del Real Decreto 1011/2015, de 6 de noviembre, al que volveremos a referirnos a continuación.

Partiendo de esa base, el marco normativo español de las subastas electrónicas se establece en el Art. 648 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) que, desde entonces, ha sido modificado en dos ocasiones:
  1. Por el Art. 1.7 de la Ley 19/2015, de 13 de julio: en el preámbulo de esa primera reforma de 2015, el legislador reconoció que la subasta electrónica tiene hoy innumerables ventajas, pues permite multiplicar la publicidad de los procedimientos, facilitar información casi ilimitada tanto de la subasta como del bien y, lo más importante, pujar casi en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que genera un sistema más eficiente para todos los afectados; enfatizando que La seguridad jurídica debe ser una constante en el procedimiento electrónico. La subasta electrónica no tiene menos garantías jurídicas que la presencial. Desde el principio se produce una identificación inequívoca de todos los que en él intervienen, mediante certificado reconocido de firma electrónica o mediante firma con sistemas de claves previamente concertadas. El sistema garantiza con certificado electrónico todas y cada una de las transacciones, en las que un sello determinará el momento exacto en el que tuvieron lugar; el certificado reconocido de firma electrónica, unido al sello de tiempo y a la trazabilidad de todos los procesos, garantiza de forma absoluta la transparencia del procedimiento. Sin perjuicio de la existencia de un responsable de la subasta –en este caso, el Secretario judicial– al que debe suministrársele la información necesaria para que pueda supervisar que el procedimiento se ha desarrollado correctamente (…). Además, el organismo encargado de la llevanza del Portal de Subastas es la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, lo que también aportará al nuevo procedimiento confianza y garantía. Esta modificación supuso, entre otras medidas, la puesta en marcha de un sistema de subastas electrónicas a través de un portal único de subastas, tanto judiciales como notariales, siguiendo la idea de la simplificación administrativa.
  2. Por el Art. único.66 de la Ley 42/2015, de 5 de octubre: en esta segunda modificación se dio nueva redacción al Art 648 LEC dentro del ámbito más genérico de regular el uso de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos por parte de la Administración de Justicia; con el fin de lograr una aplicación generalizada de los medios electrónicos como forma normal de tramitación de los procedimientos judiciales y de relacionarse la Administración de Justicia con los profesionales y con los ciudadanos.

Ese mismo año, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria reguló las subastas voluntarias, adoptando el mismo sistema de subastas electrónicas a través del portal único de subastas; y, cuatro meses más tarde, el Real Decreto 1011/2015, de 6 de noviembre, reguló el procedimiento para formalizar el sistema de consignaciones en sede electrónica de las cantidades necesarias para tomar parte en las subastas judiciales y notariales.

Por último, el tratamiento de los datos de carácter personal recogidos durante el procedimiento establecido para la publicación y ejecución de las subastas por medios electrónico se encuentra en la Orden PRA/1873/2016, de 30 de noviembre.

miércoles, 25 de octubre de 2017

El derecho de los vacceos

Entre los pueblos prerromanos que habitaron la Península Ibérica, los vacceos se asentaron en la parte central de la cuenca del Duero, en torno a las comarcas de Tierra de Campos, Montes Torozos y Valle del Cerrato y las vegas situadas al Sur del río que vertebra la Meseta Norte; en pleno centro de los actuales límites administrativos de Castilla y León. Esto ocurrió durante la Edad del Hierro, en algún momento entre los siglos VI y V a. C., porque los principales historiadores que los han estudiado, el catalán Pedro Bosch Gimpera y el castellano Federico Wattenberg, no se pusieron de acuerdo a la hora de datar su llegada, ni tampoco sobre su posible origen –las tribus belovacas belgas o los pueblos del Danubio, respectivamente– pero sí que coincidieron en señalar su origen celta y extrapeninsular. A lo que debe añadirse que aquella región vaccea, en palabras de Wattenberg, tenía fronteras muy imprecisas [1] con los vecinos astures, cántabros, turmogos, arévacos y vettones.

Las primeras noticias que tenemos de los vacceos datan del siglo II antes de C. debidas a Polibio, que describe la campaña de Aníbal hasta la alta meseta, en la que toma las ciudades de Helmantica [actual Salamanca] y Arbucala [Toro (Zamora)] en el año 220 a. C. [2]. En la segunda mitad del siglo II a. C. se desarrollaron las grandes campañas de los generales romanos Nobilio, Lúculor, Lépido, Bruto y Escipión el Africano contra las principales “polis” vacceas y la región acabó romanizada y formando parte de Hispania, (…) lo que trajo consigo la pérdida o extinción de sus estructuras indígenas y la paralela sustitución por las romanas [3], al tiempo que se firmaban las téseras con los pactos de hospitalidad.

Yacimiento vacceo de Pintia (Valladolid)

Aunque la veintena de ciudades-estado vacceas podían coaligarse en busca de ayuda mutua, no solo entre ellas sino con las tribus cercanas –con las que comerciaban mediante el sistema del trueque– cada una era libre de adoptar sus propias decisiones de modo que nunca existió una entidad política única (lo que, en términos modernos, habría sido un Estado Vacceo) y, como consecuencia, tampoco tuvieron una capital.

Desde un punto de vista jurídico, apenas se puede apuntar que, por los textos de los autores clásicos latinos –dado que la sociedad vaccea desconocía la escritura– sabemos que aquel pueblo era gobernado por un Consejo de Ancianos que resolvía sus conflictos recurriendo a la aplicación del derecho consuetudinario, con normas no escritas pero aceptadas por la colectividad y que se transmitían de forma oral. La existencia de este conjunto de normas constituyó la base de un sistema para impartir justicia y eliminar todo cuanto pueda distorsionar la convivencia pacífica de los miembros de la comunidad y sin las cuales ninguna sociedad compleja puede subsistir [4].

Monomaquia (duelo) vaccea

Como recuerdan los Amigos del Museo de Valladolid (*): la representación de esos personajes armados con lanzas y pequeños escudos redondos de forma cóncava, tipo caetra; se trata [de] monomaquias, duelos o combates singulares, acaso representaciones de una especie de “juicio de Dios” [ordalías]. Este tipo de enfrentamientos eran habituales en el ámbito céltico prerromano y no era rara su celebración durante los funerales de personajes destacados. Quizá el más famoso de todos ellos sea el que enfrentó a Escipión Emiliano con un vacceo de Intercatia [¿Paredes de Nava (Palencia)?] en el año 151 a.C., durante el asedio romano de esta ciudad, hecho recordado por diversos historiadores romanos entre los que destacan Apiano y Plinio.

Citas: [1] WATTENBERG, F: La región vaccea. Celtiberismo y romanización en la cuenca media del Duero, Madrid: Bibliotheca Praehistorica Hispana, vol. II, 1959, p. 26. [2] Ob. cit., p. 22. [3] GONZÁLEZ COBOS-DÁVILA, A. “La cuenca media del Duero: los vacceos y la romanización”. En Anales de Prehistoria y Arqueología, nº 9-10, 1993-1994, p. 181. [4] BLANCO GARCÍA, J. F. “Las ciudades vacceas: estados arcaicos en el centro de la cuenca del Duero”. En Anuario Vaccea, nº 10, 2017, p. 47.

lunes, 23 de octubre de 2017

¿Existen las cárceles privadas? (y II)

Como ya tuvimos ocasión de comentar en la primera parte de este in albis, la privatización de los establecimientos penitenciarios se inició en Estados Unidos a mediados de los años 80. En las décadas posteriores, esta decisión de política criminal se extendió a otros países del mundo anglosajón: en Australia, la Queensland Corrective Services Commission fue la encargada de construir su primer centro privado, cerca de Brisbane, que entró en funcionamiento en enero de 1990; en Inglaterra, el modelo estadounidense se implantó por primera vez en Yorkshire, en 1992; en Sudáfrica, la Mangaung Maximum Security Prison se inauguró en Bloemfontein, capital judicial del país [Pretoria es la capital administrativa y Ciudad del Cabo, la legislativa], en julio de 2001; ese mismo año, comenzó a operar el Central North Correctional Centre, de Penetanguishene (Ontario, Canadá); y, por último, Nueva Zelanda abrió su primera cárcel privada en Wiri, en 2015.

Fuera de ese ámbito, el fenómeno de la privatización carcelaria también ha llegado a Iberoamérica como medida adoptada por algunos gobiernos para tratar de combatir el hacinamiento de las cárceles (masificación), la obsolescencia de las infraestructuras penitenciarias o las consecuencias de haber endurecido las penas privativas de libertad, con el consiguiente incremento del número de reclusos; veamos algunos ejemplos:

En Venezuela, esta posibilidad se prevé en el Art. 272 de la vigente Constitución de la República Bolivariana, de 1999 (enmendada en 2009) al disponer que: El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estatales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico. A pesar de esa previsión constitucional, las primeras cárceles íntegramente privadas latinoamericanas no se construyeron en Venezuela sino en el vecino Brasil, en 2011; fueron los centros de Ribeirão das Neves (en Minas Gerais) y de Itaquitinga (Pernambuco).

En Chile, en el año 2000, se adoptó el Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, ejecutado mediante un Convenio Mandato del Ministerio de Justicia al Ministerio de Obras Públicas, por el que se establecieron las llamadas cárceles concesionadas para un periodo de 20 años [como los establecimientos de Rancagua (la primera que se inauguró en 2005), Iquique o Santiago 1]. Tomando como referencia este sistema mixto –participación pública pero con una mayor o menor intervención privada– se han llevado a cabo iniciativas similares en México, Perú, Argentina o Uruguay.

Por lo que se refiere al resto del mundo, el supuesto más singular puede que lo represente Israel. En 2004, su Parlamento (la Knesset) aprobó la Prisons Ordinance Amendment Law que -siguiendo el modelo inglés- autorizó la creación de establecimientos penitenciarios privados; pero, en 2009, el Tribunal Supremo israelí consideró que el ejercicio de las competencias gubernamentales por parte de personal de prisiones, contratado por organizaciones con fines de lucro, violaba los derechos fundamentales de los presos a la libertad y la dignidad humana.

viernes, 20 de octubre de 2017

La Torre de los Locos [Narrenturm] de Viena

El hijo de María Teresa, José II, asociado al poder como emperador [del Sacro Imperio Romano Germánico; además de archiduque de Austria y rey de Bohemia, Croacia y Hungría], desde 1765, no gobernó efectivamente hasta 1780 [cuando falleció su madre]. (…) Es un personaje difícil de definir. Frío, sin especial vigor físico, de mala salud y de humor ensombrecido por desgracias domésticas [era hermano de la célebre María Antonieta], fue educado de forma austera y con especial preocupación por lo religioso. Era inteligente y cultivado (…). Se declaró enemigo de la “superstición” (…). [Y] Al igual que otros déspotas ilustrados, José II pensaba que el “Estado significaba el mayor bien para el mayor número de seres”, y aplicó su peculiar humanismo paternalista a una intensa labor legislativa –más de once mil leyes y seis mil decretos en diez años– de gobierno, resumida en un vasto proceso de reformas [ENCISO, L. M. La Europa del siglo XVIII. Barcelona: Península, 2001, p. 511]. Entre otras mejoras, el emperador José II unificó la jurisdicción de todo el Imperio disponiendo que la ley fuese la misma para cualquier súbdito de su monarquía; reconoció el matrimonio civil; reguló el divorcio; suprimió la servidumbre, los gremios, el régimen de monopolios y la aplicación a los reos de torturas (por influencia de Beccaria); estableció el catastro, fomentó la libertad de trabajo y llevó a cabo la unificación fiscal; siendo muy tolerante con la libertad religiosa.

Tras visitar algunas instituciones sociales de la capital francesa, en 1781, el monarca austriaco aprobó un decreto en el que se ordenaba al arquitecto de la Corte, Isidor Carnevale, que diseñara un edificio para albergar a los dementes. Aquella Torre de los Locos o Narrenturm fue el primer hospital psiquiátrico del mundo que se construyó para tratar los problemas mentales específicos de estos enfermos. Por su peculiar forma –un cilindro de cinco pisos que rodean un patio central– recibió el apelativo de Guglhupf (por su similitud con un típico bizcocho vienés).


La torre, que se inauguró en 1784, disponía de 28 celdas por planta (este número no fue aleatorio sino que coincidía con el tradicional ciclo lunar de 28 días; no olvidemos que, desde el Imperio Romano, se pensaba que el alma de los locos estaba en la luna y de esa creencia proviene que se les llame “lunáticos”). Funcionó como manicomio hasta la segunda mitad del siglo XIX; hoy en día, alberga la Colección de Anatomía Patológica del Museo de Historia Natural (NHM) de Viena.

PD: Pocos años más tarde, tras la Revolución Francesa, la atención de los "alienados" evolucionó rápidamente gracias al trabajo de especialistas como el médico Philippe Pinel que ordenó desencadenar a los locos encerrados en el Hospital parisino de Bicêtre, en 1793, diferenciando a los enfermos mentales de los delincuentes que, hasta ese momento, habían recibido el mismo tratamiento; labor que continuó dos años más tarde al ser nombrado médico jefe del Hôpital de la Salpêtrière.

Charles L. Müller | Pinel liberando a los alienados de Bicêtre, en 1793 (s. XIX)

miércoles, 18 de octubre de 2017

La justicia indígena y el castigo maya (y II)

En Guatemala, el primer asunto que resolvió la autoridad indígena y que convalidó el sistema estatal fue el llamado Caso Chiyax –por el nombre de unos de los cantones del municipio de Totonicapán– el 1 de marzo de 2003. El periodista Oswaldo J. Hernández [*] lo narró así: Llovía en Totonicapán cuando en el Cantón Chiyax tres hombres fueron capturados por cientos de personas. Era sábado 1 de marzo de 2003, día de mercado, y Sebastián Poz, Julián Cut y Miguel Álvarez habían sido detenidos por los lugareños tras haber intentado robar en casa de Hilario Robles. Por eso, los tres, golpeados, caminaban hacia el centro de la cabecera municipal. Por eso, los tres, en paños menores, casi inertes, eran impulsados por una marea humana que a su vez era impulsada por la ira.

Cuando entraron a la cabecera departamental se escucharon los gritos que pedían “gasolina”. Sin embargo, casi al mismo tiempo, las varas de autoridad del alcalde comunitario de Chiyax, Julio Menchú, del vicepresidente, Florencio García, y del secretario, Santos Cuá, fueron empuñadas y se alzaron en el aire Hubo silencio. Era una señal, una acción que, respetada, sosegaba a todos los presentes. Nadie se atrevió a cuestionar a las autoridades indígenas y a las varas de mando cuando, minutos después, los tres ladrones pasaron a ser custodiados por otras manos.

La Policía Nacional Civil y el Juzgado de Instancia Penal de Totonicapán, juntos, se harían cargo de los acusados. Poz, Cut y Álvarez serían señalados de delito por robo agravado y, por su seguridad, los representantes del Estado decidieron trasladarlos a una cárcel de Quetzaltenango, a unos 30 kilómetros de distancia.

Lo que no se pudo evitar aquel 1 de marzo, sin embargo, fue que la gente quemara el vehículo propiedad de los acusados, en represalia. Nadie, tampoco la lluvia, logró apagar ese incendio. Esa noche la comunidad estuvo reunida discutiendo. Se redactó un memorial –480 personas firmaban– y se exigía a las instituciones del Estado “un castigo ejemplar para los sindicados, sin derecho a defensa”. Eso sucedía justo a la misma hora en que los restos del vehículo incendiado eran colocados por varios pobladores frente a los tribunales de Totonicapán, algo que el juez de Primera Instancia Penal de aquel momento, Manfredo Roca Canet, interpretó como una amenaza de parte de la población y generó una crisis entre los operadores de justicia del departamento.


(...) Un día más tarde, el sistema de justicia oficial se declararía incapaz ante todo lo acontecido, y el caso Chiyax se trataría del primer proceso en el país coordinado entre dos sistemas: el jurídico maya y el de justicia formal ante un delito.

(…) El juez Roca Canet dio un plazo de tres meses para que los tres ladrones fueran juzgados no por el Organismo Judicial sino por las autoridades comunitarias. El Juzgado de Instancia Penal, la Defensa Pública Penal, la Fiscalía Distrital de esa cabecera departamental, y los tres sindicados, en conjunto con las autoridades y una gran mayoría de comunitarios de Chiyax, estuvieron de acuerdo. El acto se celebraría un poco más tarde, en junio de ese año.

(…) Tres meses después, el miércoles 25 de junio del 2003, volvía a llover en Totonicapán cuando en horas de la mañana, miles de personas se agolpaban para ver el primer caso en el cual el sistema de justicia oficial reconocía las formas propias de justicia de los pueblos indígenas en Guatemala (…) La sanción, luego de escuchar el consejo de familiares y ancianos de Totonicapán: “treinta días de trabajo comunitario en obras necesarias para la comunidad”. Poz, Cut y Álvarez juraron sobre 20 granos de maíz que cumplirían. Y cumplieron.

Un mes después, en el proceso nº. 312-2003 del Juzgado de Primera Instancia Penal de Totonicapán, el Sistema de Justicia Oficial resolvía: “El sobreseimiento del presente caso, considerando que una de las características principales del derecho indígena (maya) es que es conciliador porque a diferencia del derecho oficial, contempla las secuelas del conflicto sobre los implicados y la comunidad, por ello privilegia la conciliación, el acuerdo mutuo, sobre la simple aplicación de la sanción al victimario, busca la reparación del daño ocasionado tanto material como espiritual, contemplando la situación de la víctima como del victimario, lo que contribuye a restaurar la armonía entre ambos”.

Además de realizar trabajos para la comunidad, la aplicación del “castigo maya” que imponen las autoridades indígenas puede consistir en prohibir que se venda alcohol al acusado, dar vueltas cargando con las piezas que se robaron a un automóvil, multarlo con el pago de una cantidad de quetzales para compensar el daño ocasionado o, la práctica más habitual, recibir unos azotes [xicayes] en la plaza pública con una vara de membrillo. En este castigo físico –que puede consistir en 9, 13 o 20 “xicayazos” – participarán diversos miembros de la comunidad, incluyendo a familiares de la víctima y del agresor [victimario] que, junto a los golpes, le reprenderán por su conducta con el fin de que muestre su arrepentimiento y promesa de no volver a actuar de ese modo.


La autogestión que desempeña la justicia indígena ofrece indudables ventajas: es más rápida, ágil y cercana que la vía judicial, con apenas formalidades; involucra no solo a las partes sino a toda la comunidad (entroncando con las propuestas de la justicia restaurativa); genera confianza porque respeta las tradiciones ancestrales; es menos costosa y descongestiona los asuntos que, de otra manera, habrían tenido que ser tramitados en los juzgados (y, según las estadísticas, las tasas de delincuencia son más bajas en aquellos municipios donde se aplica).

Pero tampoco podemos ignorar que siembra dudas y adolece de numerosos inconvenientes que afectan a las garantías procesales más básicas: aunque las alcaldías indígenas deberían abstenerse de resolver determinados delitos por razón de su gravedad, median en conflictos tan domésticos como el robo de una gallina y en casos de homicidios en los que el veredicto de culpabilidad se limita a condenar al agresor al pago de una multa de 100.000 quetzales (unos 12.000 euros) y a recibir 13 azotes –poniendo en duda la proporcionalidad de la pena– porque se juzgan todo tipo de conductas; no hay recursos ni posibilidad de acudir a una segunda instancia; los acusados, sean mayores de edad o menores, carecen de asistencia letrada (con su evidente indefensión); cada municipio falla de acuerdo con sus normas (no se han estandarizado ni existe una formalidad prescrita) y celebra el proceso en su propia lengua (que el acusado no tiene porqué entender); los miembros del tribunal actúan ad honorem [no cobran ningún sueldo pero pueden aceptar propinas y tampoco son determinados por las leyes, como los jueces, sino por elección popular cada tres años (en Europa, un periodo tan breve sembraría dudas sobre su imparcialidad)]; no se garantiza la independencia del juzgador con respecto a las partes en el asunto; las penas infamantes que se infligen son maltratos físicos (aunque estén prohibidos no solo por el Art. 19 de su Constitución sino por los derechos humanos reconocidos internacionalmente); y, como ha sucedido en algunas ocasiones, la multitud puede acabar tomándose la justicia por su mano y linchar al acusado hasta causarle la muerte (se han documentado más de medio centenar de casos entre 1996 y 2002).

Con independencia de cuál sea su legitimación o de plantearse la necesidad de que la Constitución de la República reconozca su función de forma expresa, lo que parece inevitable es que habría que establecer un marco legal para coordinar ambos sistemas judiciales (el Sistema de Justicia Oficial y el Sistema Jurídico de los Pueblos Indígenas), delimitando sus competencias; y ese objetivo sólo será posible con el compromiso del Estado y las comunidades indígenas.
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