lunes, 18 de septiembre de 2017

Los sacrificios y las ofrendas de sangre en el Popol Vuh maya

La civilización maya –que se desarrolló entre los albores de nuestra era y el siglo X d.C. y alcanzó su mayor apogeo entre los años 300 y 900 d.C., con grandes centros urbanos como Tikal, Copán o Palenque– fue la más avanzada de las grandes culturas de toda América Central. Se extendía, de un lado, por las tierras bajas que iban de Petén a Tabasco y de Belice a Yucatán, y de otro, por regiones montañosas dominadas por los volcanes del sur de Guatemala, de El Salvador y de una franja occidental de Honduras [1]. Dentro de ese amplio territorio, en el altiplano guatemalteco predominaba el pueblo maya de los quiché que terminó siendo conquistado, a comienzos del siglo XVI, por el extremeño Pedro de Alvarado. Dos siglos más tarde, un padre dominico de Écija (Sevilla), llamado Francisco Ximénez, fue nombrado párroco de Santo Tomás Chuilá –actual Chichicastenango (Guatemala)– y, por algún motivo que aún se desconoce, los indígenas decidieron entregarle el libro más notable de la antigüedad americana, en palabras del experto Adrián Recinos [2] o las más raras reliquias del pensamiento aborigen del Nuevo Mundo, según Hurbert Howe Bancroft [2]: el Popol Vuh [se pronunciaría /pópol-buj/] o Libro de la Comunidad o del Consejo. Tras recibir aquel manuscrito anónimo, escrito en el idioma local pero con los caracteres del alfabeto latino, el sacerdote lo transcribió al castellano y lo publicó, hacia 1703, con el título de Historia del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. Se trataba de un relato místico, una cosmogonía, sobre el origen del mundo y de la vida, las aventuras de dos héroes gemelos (Hunahpú e Ixbalanque) y la historia de aquellos pueblos indígenas.


El capítulo XXI –en la cuarta parte del libro– narra la costumbre de abrir a las gentes el pecho y el costado y arrancarles el corazón: (…) allá sometieron y subyugaron a las tribus grandes y pequeñas, cuando las sacrificaron ante [el dios] Tohil y le ofrendaron la sangre, la sustancia, el pecho y el costado de todos los hombres. Para el arqueólogo Miguel Rivera Dorado: Tohil exige víctimas para los sacrificios humanos. En toda Mesoamérica la técnica principal consistía en abrir el pecho con un fuerte golpe de cuchillo de pedernal, en el lado izquierdo, entre las costillas, e introducir la mano para arrancar el corazón y mostrarlo en alto cuando todavía palpitaba. Luego se depositaba en una especie de bandeja de piedra para, por lo general, quemarlo. (…) siempre hubo esta clase de prácticas entre los mayas, aunque su frecuencia se incrementó exponencialmente con la invasión tolteca y la influencia de las culturas militaristas del centro de México [3], como los aztecas.

El sacrificio humano –continúa explicando Rivera Dorado– se realizaba, generalmente, por cardiotomía, aunque en ocasiones igualmente por decapitación, según el rito al que se adscribía, tiene mucho que ver con el ejercicio de la guerra, con el terror impuesto a los enemigos y con un cierto control de la población [4].

Escena del sacrificio, en Apocalyto [Mel Gibson (2006)]


Junto con los sacrificios, los mayas también practicaban las ofrendas de sangre, mucho más frecuentes que aquéllos. En el capítulo XXII, el Popol Vuh expresa el gozo que experimentaban los sacrificadores con espinas y los sacrificadores con pedernal. Al explicar este pasaje, Rivera Dorado recuerda que los procedimientos habituales para la efusión de sangre en los rituales mayas eran los cortes o perforaciones en piernas, brazos, orejas, lengua y genitales, y que se hacían con espinas de mantarraya y con lancetas de pedernal u obsidiana. Por lo general, la sangre se recogía en recipientes que contenían trozos de corteza de árbol, la cual, bien empapada y seca, se quemaba finalmente para que el humo resultante llevara la ofrenda a las divinidades [5]. De este modo, los hombres daban la sustancia de la vida –su sangre– a las potencias cósmicas para crear una cierta simbiosis entre los seres humanos y las fuerzas sobrenaturales del cosmos.

Citas: [1] STIERLIN, H. Los mayas. Colonia: Taschen, 1998, pp. 7 y 10. [2] RECINOS A. Popol Vuh. Las antiguas historias del Quiché. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 18ª re., 1987, pp. 9 y 15-16. [3] RIVERA DORADO, M. Popol Vuh. Relato maya del origen del mundo y de la vida. Madrid: Trotta, 2008, pp. 136 y 220. [4] Ob. cit. p. 36. [5] Ob. cit. pp. 140 y 222.

viernes, 15 de septiembre de 2017

Medioambiente (XXX): el contrato de custodia del territorio

El origen de esta figura contractual se remonta a la fundación de TTOR (The Trustees of Reservations), una organización sin ánimo de lucro creada por el paisajista Charles Eliot, en Massachusetts (EE.UU.), en 1891. Su idea consistió en seleccionar un conjunto de tierras sobresalientes que, como si de libros u obras de arte se trataran, serían protegidas con la ayuda del Estado para el uso y disfrute del público en general [Basora Roca, X y Sabaté i Rotés, X. Custodia del territorio en la práctica. Barcelona: Xarxa de Custòdia del Territori, 2006, p. 11 (*)]. Aquella innovadora propuesta –que en el mundo anglosajón se denomina Land Stewardship– se fue implantando, posteriormente, en diversos países de Europa, América y Oceanía mediante fundaciones, asociaciones, fideicomisos y grupos locales que pusieron en práctica proyectos de conservación, involucrando y comprometiendo a propietarios y entidades locales en la conservación del territorio [Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017 (Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre)]. En el caso español, suele citarse como precedente la actuación de WWF/ADENA en el Coto de Doñana en los años 60 o el refugio para aves rapaces que Félix Rodríguez de la Fuente construyó en Montejo de la Vega (Segovia) en la década posterior.

Desde entonces, la “custodia del territorio” se menciona en algunas leyes y reglamentos españoles que tienen incidencia en el medio ambiente, en especial, desde comienzos del siglo XXI; por ejemplo, en el Art. 3.9 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se define la custodia del territorio como el conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implican a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. A continuación, el Art. 3.37 establece qué debemos entender por entidad de custodia del territorio (apropiación directa del inglés Land Trust): una organización pública o privada, sin ánimo de lucro, que lleva a cabo iniciativas que incluyan la realización de acuerdos de custodia del territorio para la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Por último, su Art. 76.1 (Promoción de la custodia del territorio) dispone que: Las Administraciones Públicas fomentarán la custodia del territorio mediante acuerdos entre entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas que tengan por objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.

Este concepto también se cita entre los objetivos a alcanzar en materia de cooperación y colaboración en el ámbito nacional por el Art. 2.1.i) del Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, que aprobó el Plan Director de la Red de Parques Nacionales: (…) fomentar la custodia del territorio mediante acuerdos entre entidades de custodia y propietarios de fincas privadas o públicas que tengan por objetivo principal la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad. Aun así, no existe ningún precepto de ámbito nacional que regule este contrato de forma específica; en cambio, a partir del 1 de enero de 2018 –fecha de su entrada en vigor– sí que habrá un artículo concreto que lo prevea en Cataluña.


La nueva disposición catalana tuvo su antecedente en la llamada Declaración de Montesquiu de custodia del territorio suscrita por diversas organizaciones e instituciones, públicas y privadas, interesadas en la conservación y la gestión del territorio que se reunieron en el Castillo de Montesquiu (Barcelona) del 9 al 11 de noviembre de 2000. En aquel encuentro se definió la custodia del territorio como: el conjunto de estrategias diversas (de educación, de gestión, de mediación, de desarrollo comunitario...), que pretenden favorecer y hacer posible la responsabilidad en la conservación y uso adecuado (sostenible) del espacio terrestre, fluvial y marino y de sus recursos naturales, por parte de propietarios y usuarios de este territorio, y se dirige principalmente a la propiedad privada; es decir, un conjunto de mecanismos que faciliten la implicación del sector privado en la conservación del territorio. Este documento concluyó afirmando que, en otros retos, se planteaba conseguir un marco legislativo y fiscal que facilite el establecimiento de iniciativas de custodia del territorio en terrenos privados y comunales, de acuerdo con el principio de menor carga tributaria por mayores servicios o beneficios ambientales generados.

En esta comunidad autónoma, ese marco lo ha establecido la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. A partir del Año Nuevo de 2018, el Art. 623-34 del Código Civil catalán (contrato de custodia del territorio) tendrá la siguiente redacción: 1. En el contrato de custodia del territorio, de carácter temporal y que tiene por objeto bienes inmuebles, el cedente permite total o parcialmente el uso o la gestión a cambio de que el cesionario, que debe ser una entidad que tenga entre sus fines la custodia del territorio, realice actividades de asesoramiento, de divulgación, de planificación o de gestión y mejora, con el fin de conservar la biodiversidad, el patrimonio natural y cultural y el paisaje o de hacer una gestión sostenible de los recursos naturales. 2. El derecho constituido a favor del cesionario en el contrato de custodia del territorio puede ser de naturaleza obligacional o real, si cumple, en este caso, los requisitos establecidos por la ley. 3. El régimen jurídico del contrato de custodia del territorio, en cuanto a la determinación de las obligaciones de las partes y su incumplimiento, la duración o las garantías, es el que determinan libremente las partes contractuales.

Para terminar, conviene poner algún ejemplo de este novedoso contrato: imaginemos que el dueño de una finca privada en estado de abandono llega a un acuerdo con una asociación para la conservación de la naturaleza y la biodiversidad con el fin de que, durante un determinado periodo de tiempo, les permita reforestar aquel terreno con árboles autóctonos, emplear ganado para el mantenimiento de los pastos y crear una reserva ornitológica en esa parcela que podrán visitar los escolares. El contrato sería el instrumento jurídico que formalizaría el compromiso de ambas partes pero el pacto también podría limitarse a un mero acuerdo verbal.

miércoles, 13 de septiembre de 2017

¿En qué se diferencia un proyecto de ley de una proposición de ley?

Si consultamos el buscador de iniciativas del Congreso de los Diputados, durante la XII legislatura –la actual, a la hora de redactar esta entrada– la Cámara Baja del Parlamento español se encontraba tramitando más de un centenar de proposiciones de ley [por ejemplo, la Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por subrogación que presentó el Grupo Parlamentario Ciudadanos; la Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio (Orgánica) que planteó el Parlamento de Cataluña; o, por citar un tercer supuesto, la Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones a propuesta del Senado]. En ese mismo periodo, ha habido 9 proyectos de ley; por ejemplo, el Gobierno remitió el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. ¿Cuál es la diferencia entre aquellas proposiciones de ley y este proyecto de ley? Quién tiene la iniciativa.

El Art. 87 de la Constitución Española de 1978 dispone que: 1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. 2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

En función de quién tenga esa iniciativa legislativa hablaremos de proyecto de ley –si parte del Gobierno del Estado– o de proposición de ley, en los restantes casos: del Congreso [a iniciativa de un Diputado con la firma de otros catorce miembros de la Cámara o de un Grupo Parlamentario con la sola firma de su portavoz (Art. 126 del Reglamento del Congreso)], el Senado [Deberán ir suscritas por un Grupo parlamentario o veinticinco Senadores (Art. 108 del Reglamento del Senado], las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas [es decir, los Parlamentos regionales; como sucede en el Art. 24.6 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León: Corresponde a las Cortes de Castilla y León: (…) 6. Solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley, o remitir a la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley en los términos que establece el artículo 87, apartado 2, de la Constitución] o la iniciativa legislativa popular [regulada por la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo; con las firmas de, al menos, 500.000 electores autenticadas en la forma que se determina en dicha ley].

lunes, 11 de septiembre de 2017

El origen de la expresión “república bananera”

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua incluye seis acepciones de la voz “bananero” entre las que se encuentran dos vinculadas con esta despectiva locución: (…) 3. Dicho de algunos países del Caribe: Dependientes de los países y compañías compradores de plátanos. 4. Dicho principalmente de ciertos países de Iberoamérica: tercermundistas. El origen de ese estereotipo –una nación inestable y corrupta gobernada por un dictador sometido a los intereses de una multinacional (en este caso, una compañía estadounidense exportadora de fruta) que ejerce el monopolio sobre este producto, basándose en un régimen de colonialismo económico que explota a los trabajadores locales– se encuentra en un pasaje del libro Cabbages and Kings [Coles y Reyes] publicado, en 1904, por el escritor norcarolinés O. Henry [pseudónimo de William Sydney Porter (1862-1910)]; en concreto, la cita que hizo fortuna dice, textualmente, que: En ese momento, teníamos acuerdos con casi todos los países extranjeros excepto con Bélgica y la república bananera de Anchuria.

El relato narra las peripecias de Ramón Ángel de las Cruces y Miraflores, depuesto presidente de una hipotética república centroamericana llamada Anchuria, que al huir con parte del tesoro nacional y su amante, una cantante de opereta, son confundidos con un empresario que ha cometido un desfalco… dando lugar a una intriga en la que se intercalan diversas historias y una variada galería de personajes que ilustran la vida en la “banana republic” de Anchuria que combina tramas humorísticas o tragicómicas, con un lenguaje sencillo y directo, pero incisivo y a menudo sarcástico, en opinión del profesor Pérez-Brignoli [El fonógrafo en los trópicos: sobre el concepto de banana republic en la obra de O. Henry”. En Iberoamericana, VI, 23 (2006), p. 127].

Henry se basó en su propia experiencia personal, cuando escapó de la justicia de Estados Unidos –acusado de malversación de fondos– y se refugió durante tres años en Honduras –trasunto de Anchuria– donde pudo comprobar, en primera persona, la actuación de la polémica United Fruit Company (UFC) en este almacén de frutas y especias que han dado en llamar un país; donde (…) es maravilloso poder (…) derrocar un gobierno y colocar otro en su lugar, a su antojo, según afirma uno de sus personajes. Son países donde se producen el caucho, la pimienta y las revoluciones, comenta otro de sus protagonistas.

Alix Baptiste | Carreta con bananas (ca. 1980)

Desde entonces, muchos escritores latinoamericanos se hicieron eco de aquella expresión; por ejemplo, el poema La United Fruit Co (1950) del chileno Pablo Neruda  –(…) la Compañía Frutera Inc. se reservó lo más jugoso, la costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Bautizó de nuevo sus tierras como “Repúblicas Bananas”, y sobre los muertos dormidos, sobre los héroes inquietos que conquistaron la grandeza, la libertad y las banderas, estableció la ópera bufa: enajenó los albedríos, regaló coronas de César, desenvainó la envidia, atrajo la dictadura de las moscas (…); o la novela Cien años de soledad (1967), del colombiano Gabriel García Márquez, al describir la Masacre de las Bananeras que ocasionó un impreciso número de muertos entre los trabajadores de la UFC que se habían declarado en huelga, en 1928, en la localidad de Ciénaga (Colombia).

viernes, 8 de septiembre de 2017

La práctica de la vivisección humana

En el Libro IX y último de sus Procedimientos anatómicos, el célebre médico griego Galeno de Pérgamo (s. II d.C.) escribió que: La disección que se realiza sobre el animal muerto enseña la posición de cada una de las partes, su número, la peculiaridad de su sustancia, así como su tamaño, forma y composición. La que se realiza sobre los animales vivos enseña a veces directamente su acción y otras veces los supuestos para el descubrimiento de su acción. Es evidente que la disección realizada sobre el animal muerto debe preceder a la que se hace sobre el animal vivo [1]. Al estudiar su obra, la profesora López Salvá, ha señalado que Galeno trabajó fundamentalmente en sus disecciones sobre simios, por ser de estructura muy similar a la del hombre, y esto es lo que recomienda a sus estudiantes, aunque también les aconseja que, de no contar con ellos, siempre elijan el animal que más se asemeje al hombre. Afirma que lo mejor sería servirse de cuerpos humanos pero esto probablemente implicaría dificultades, pues dice que sus prácticas anatómicas sobre cuerpos humanos solo las ha realizado cuando ha encontrado el cadáver de algún salteador por algún camino o si en el caso de inundaciones la fuerza de las aguas del río ha abierto alguna tumba y el cadáver ha quedado atrapado en las orillas del río [2].

Por el contenido de sus tratados, se sabe que “el padre de la anatomía” diseccionó, además de simios, a osos, roedores, rumiantes, leones, caballos, perros, gatos, cabras, camellos, elefantes… y a cadáveres de seres humanos, pero no a personas vivas. La denominada vivisección [Disección de los animales vivos, con el fin de hacer estudios fisiológicos o investigaciones patológicas, según la RAE] con humanos fue una práctica científica que existió antes de nuestra era, se recuperó en el Renacimiento e incluso se dio en tiempos no muy lejanos.

Los precedentes históricos más conocidos son las vivisecciones de los reos condenados a muerte llevadas a cabo en Egipto, durante el siglo III a. C., bajo la dinastía ptolemaica, por dos médicos griegos de la llamada Escuela de Alejandría: Herófilo de Calcedonia y Erasístrato de Ceos (que además descubrió los principios básicos de lo que ahora se llama el polígrafo o detector de mentiras) [3]. El testimonio sobre la actividad de estos anatomistas lo encontramos en la obra De Medicina escrita por Aulo Cornelio Celso.

Benjamin West | Erasístrato, el médico (1772)

Los datos biográficos relativos a Celso que se pueden manejar en el dominio de la certeza son escasos y poco reveladores, como ha reconocido Paniagua Aguilar [4]; pero, aunque se desconoce, a ciencia cierta, cuándo y dónde nació, es probable que este escritor romano procediera de Galia o de Hispania y, por las referencias que describe, podría haber redactado su vasta enciclopedia sobre las Artes –en la que debió abordar aspectos tan diversos como la agricultura, el derecho, la filosofía o la cosa militar– en el siglo I, durante el reinado de Tiberio. Por desgracia, solo se ha conservado en su integridad el volumen titulado De Medicina, compuesto por un prefacio [proemio] y ocho libros que, a su vez, se agrupan en tres grandes disciplinas: dietética, farmacia y cirugía. En esa parte introductoria es donde el autor latino explica que, desde la Antigüedad, han existido dos grandes escuelas médicas –los dogmáticos, racionales o doctrinarios frente a los empíricos– y nos brinda una primera aproximación al debate sobre la vivisección de seres humanos puesto que la primera corriente sí que la practicaba mientras que la segunda se oponía a ella aduciendo la crueldad de este método y negando que las cualidades de los órganos se mantuvieran en el mismo estado en el cuerpo de los ejecutados aún con vida que cuando ya estaban muertos sin actividad.

Tomando como referencia la traducción realizada por el profesor Conde Parrado [5], el proemio celsiano dice lo siguiente: Afirman que es necesario abrir los cuerpos de los muertos y escrutar sus visceras y entrañas. Que los que mejor actuaron, con mucho, en este sentido fueron Herófilo y Erasístrato, quienes recibían de los reyes hombres dañinos sacados de la cárcel y los disecaban vivos. Así inspeccionaban, mientras aún se mantenía el aliento vital, cuanto la naturaleza antes celaba, observando la ubicación de cada órgano su color, figura, tamaño, disposición, dureza, blandura, lisura, contactos con otros órganos, prominencias depresiones, así como qué partes bien se insertan bien acogen a otras. (…). Afirman que no es cruel, como sostienen algunos, buscar mediante el suplicio de hombres nocivos, que además son pocos, remedios para las inocentes generaciones venideras. Argumento que Conde Parrado resume en el aforismo: mal de pocos malos para bien de muchos buenos.

Celso consideró que frente a la opinión favorable de los dogmáticos con respecto a la vivisección de los reos y la contraria de los empíricos cabía una tercera vía: La disección de personas vivas es tan cruel como inútil, mas la de cadáveres –la denominada “incisio mortuorum”– es necesaria para quienes aprenden.

Su libro De Medicina se olvidó durante más de un milenio hasta que fue descubierto en pleno Renacimiento y reimpreso en Florencia (Toscana) a finales del siglo XVI, lo que influyó en los nuevos tratados que otros autores –como Gabriele de Zerbi, Alessandro Benedetti o Giacomo Berengario da Carpi– escribieron entonces. En ese contexto, se sabe que algunos artistas realizaron estudios anatómicos de cadáveres, saltándose tanto la prohibición legal como la superstición religiosa, para tomar apuntes del cuerpo humano: Leonardo da Vinci disecó varios cuerpos para estudiarlos, discretamente y en unas condiciones lamentables, para evitar un proceso inquisitorial; la perfección artística de Miguel Ángel se debió, en gran parte, a los conocimientos que adquirió en muchas disecciones; y, según la leyenda negra, el médico de Bruselas Andries van Wesel (o Andrés Vesalio, en castellano, porque trabajó en las Cortes de Carlos V y Felipe II) llegó a ser condenado a la hoguera por estas prácticas, aunque logró el perdón real a cambio de peregrinar a Tierra Santa. Considerado como el padre de la anatomía, su mejor obra fueron los siete volúmenes titulados “De humani corporis fabrica” (“Sobre la estructura del cuerpo humano”) publicada en Suiza en 1543 con notables ilustraciones [6].

David O´Kane | Disección (2009)

Por la obra de Celso, los autores renacentistas conocieron la existencia de las vivisecciones que los médicos griegos realizaron a los condenados a muerte en Alejandría; por ejemplo, el médico palentino Juan Valverde de Amusco lo relata en el prólogo de su libro Historia de la composicion del cuerpo humano (ca. 1556): queriendo Herófilo, y Erasistrato (que no devieran) alcançar mas particular noticia, dela composición del hombre, procuraron de aver algunos condenados a justiciar, y haziendolos abrir bivos, notaban algunas particularidades delas que en el cuerpo ay. Esta cosa aunque a la verdad era hecha con buen zelo no dexava de dar gran ocasión de murmurar al pueblo, por la crueldad que con aquellos desventurados hombres se usava (…). Demanera que el odio que el pueblo a esta cosa tenia, y las razones que los medicos empíricos en su favor alegaban, juntamente con la crueldad que sin ser menester en algunos se usava, pudieron tanto, que no solo fue prohibida la Anatomia en los hombres vivos, (como con muy gran razón devia.ser vedada) empero ordenóse también, que ni aun en los muertos se pudiesse hazer. Y assi queriendo estos Señores Medicos usar mas diligencia de la que por ventura era menester, dieron occasion a que del todo les fuesse prohibida la necessaria. Por lo qual, los que después dellos vinieron, no podiendo ver la Anatomía tan fácilmente en sus casas, fueron constreñidos a yr a Alexandria, donde algunas vezes se hazia, o a hazerla en otros animales, buscando siempre aquellos que mas semejantes en figura fuesen al hombre.

Con las prácticas vivisectivas prohibidas en el Renacimiento, ¿algún especialista cruzó la delicada línea de “abrir en vivo” a un infeliz en lugar de anatomizar su cadáver? Conde Parrado, por ejemplo, cita el caso del médico Gabriele Falloppio –el mismo que dio nombre a las trompas de Falopio– que, al parecer, en el siglo XVI, sedaba con opio a los condenados a la pena capital para examinarlos aún con vida; dándose la circunstancia de que las propias víctimas preferían este método antes que ser ejecutadas por las autoridades correspondientes.

Dos siglos más tarde, otro médico, el francés Jean Astruc, lo criticó: Reconozco que más atroz fue la crueldad de Herófilo y de Erasístrato, que disecaban vivos a hombres que los reyes sacaban de la cárcel y les entregaban. Mas no menos estupefacción me invade cuando pienso en la bárbara crueldad de Falloppio, médico cristiano, médico nacido en el siglo dieciséis, a quien no horrorizó hacer las veces de verdugo [7].

Si Astruc se mostraba estupefacto por el comportamiento de Falloppio en el s. XVI, la Humanidad aún tendría que asistir, durante la II Guerra Mundial, a las vivisecciones que realizaron los nazis, en campos de exterminio como Auschwitz o Buchenwald (paradójicamente, el mismo régimen que aprobó una amplia normativa para proteger a los animales), o los japoneses en Manchuria (China); pero, esa ya es otra historia.

David Olère | Serie sobre los campos nazis (s. XX)

Citas: [1] GALENO. Procedimientos anatómicos. Madrid: Gredos, 2002, p. 399. [2] Ob. cit. p. 19. [3] RODRÍGUEZ MANZANERA, A. Criminología. Ciudad de México: Porrúa, 2ª ed., 1981, p. 163. [4] PANIAGUA AGUILAR, D. El panorama literario técnico-científico en Roma (siglos I-II d.C.). Salamanca: Universidad de Salamanca, 2006, p. 375. [5] CONDE PARRADO, P. “Entre la ambigüedad y la audacia: la vivisección alejandrina y los anatomistas del Renacimiento”. En: Asclepio, 1999, vol. 21, n. 1, p. 7. [6] PÉREZ VAQUERO, C. Las malas artes. Crimen y pintura. Madrid: ePraxis, Wolters Kluwer y SECCIF, 2010, pp. 40 y 41. [7] CONDE PARRADO, P. Ob. cit. p. 19.

Cuadro superior: Émile Édouard Mouchy | Demostración fisiológica con la vivisección de un perro (1832).

miércoles, 6 de septiembre de 2017

La regulación del derecho a un juicio rápido

La Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 consta de siete artículos y diecisiete enmiendas que se fueron incorporando al texto original entre 1791 y 1992. Una de ellas, la sexta enmienda –de 15 de diciembre de 1791– dispone que: En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y Estado en que el delito se haya cometido (…). Con ese marco legal, el Tribunal Supremo estadounidense analizó el derecho a un juicio rápido en el famoso caso Barker contra Wingo [Barker v. Wingo, 407 U.S. 514 (1972)]. Parafraseando esta sentencia, el profesor Baldivieso Jinés ha extractado sus elementos más esenciales (*): el derecho a un juicio rápido es un concepto más vago que otros derechos procesales (…) por ejemplo, resulta imposible determinar con precisión cuando el derecho ha sido negado. (…) Nosotros definitivamente no podemos decir cuánto tiempo es demasiado largo en un sistema donde se supone que la justicia sea rápida (…).No encontramos ninguna base constitucional para sostener que el derecho de juicio rápido se puede cuantificar en un número determinado de días o meses (…). Los Estados, por supuesto, son libres de fijar un plazo razonable de conformidad con las normas constitucionales, pero nuestro enfoque debe ser menos preciso. El derecho a un juicio rápido es genéricamente diferente de cualquiera de los demás derechos consagrados en la Constitución para la protección de los acusados (…). Además de la preocupación general de que todos los acusados sean tratados con arreglo a los procedimientos decentes y justos, hay un interés social en la prestación de un juicio rápido que existe independiente de y, a veces en oposición a los intereses del acusado.

En el Derecho Internacional Público, otros instrumentos jurídicos han proclamado este derecho fundamental; por ejemplo:
  1. El Art. 6 del Convenio [Europeo] para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio de Roma de 1950) dispone que: Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial (…);
  2. El Art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 1959): Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial (…).
  3. El Art. 14.3.c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966): Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; o
  4. El Art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000): Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley.

Asimismo, los órganos judiciales regionales han tenido ocasión de pronunciarse sobre este derecho; en el ámbito europeo, cabe mencionar el caso Stögmüller contra Austria, de 10 de noviembre de 1969 (nº 1602/62), del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; después de pasar más de dos años en prisión preventiva, este ciudadano austriaco denunció a su país y ganó el juicio; en opinión de la Corte de Estrasburgo, se afirmó que el término «plazo razonable» debía interpretarse según los datos concretos de cada caso, reconociendo la imposibilidad de traducir este concepto en un número fijo de días, de semanas, de meses o de años o en variar la duración según la gravedad de la infracción. Al otro lado del Atlántico, en el caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, de 29 de enero de 1997, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se remite (§77) a su homólogo del Viejo Continente: De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales.

Por último, en España, dentro de la sección sobre los derechos fundamentales y las libertades públicas, el Art. 24.2 de la Constitución de 1978 proclama que todas las personas tienen derecho (…) a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. La expresión “dilaciones indebidas” configura lo que en Derecho se denomina un concepto jurídico indeterminado, que de forma casuística deben ir precisando los tribunales. En opinión del profesor Ortega Gutiérrez, en una variada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los criterios específicos que en cada caso concreto han de aplicarse para determinar si ha habido o no dilación indebida son los siguientes: 1. Las circunstancias del proceso; 2. La complejidad objetiva del mismo; 3. La duración de otros procesos similares; 4. La actitud procesal del recurrente; 5. El interés que en el litigio arriesga éste; 6. La actitud de los órganos judiciales; y 7. Los medios de que disponen éstos (**).

En esa línea, la sentencia 113/1995, de 6 de julio, de nuestro órgano de garantías, afirmó que: (…) la constitucionalización del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, se revela como factor capital del efectivo goce y disfrute de dichos derechos fundamentales.

Desde 2015, la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha incorporado una nueva redacción a su Art. 324 LECr para sustituir el exiguo e inoperante plazo de un mes (…) por plazos máximos realistas cuyo transcurso sí provoca consecuencias procesales; distinguiendo entre los asuntos sencillos de los complejos [preámbulo de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales].

lunes, 4 de septiembre de 2017

La Constitución Republicana Federal del Estado Riojano

El 17 de julio de 1873, el presidente del Poder Ejecutivo de la I República Española, Francisco Pi i Margall, presentó el Proyecto de Constitución Federal, muy influenciado por la Carta Magna de los Estados Unidos de 1787. Su Art. 1 disponía que la Nación española estaba compuesta por los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas según sus necesidades territoriales. A continuación, el Art. 39 estableció que La forma de gobierno de la Nación española es la República federal; los Arts. 45 a 49 de aquel código fundamental republicano delimitaron que el poder de la Federación se dividía en Poder legislativo [ejercido exclusivamente por las Cortes], Poder ejecutivo [ejercido por los ministros], Poder judicial [ejercido por Jurados y Jueces, cuyo nombramiento no dependerá jamás de otros Poderes públicos] y Poder de relación entre estos Poderes [ejercido por el Presidente de la República] o Poder Presidencial; y, finalmente, los Arts. 92 a 105 regulaban las competencias de los diecisiete Estados, entre las que se encontraba –Art. 93– la facultad que tenían de darse una Constitución política, que no podrá en ningún caso contradecir a la presente Constitución.

Aunque el proyecto de aquella ley fundamental de 1873 fracasó durante su tramitación parlamentaria, diez años más tarde, su esencia se retomó en la villa de Haro (La Rioja) cuando una asamblea, presidida por el alcalde jarrero, Juan Sayol, adoptó la Constitución Republicana Federal del Estado Riojano, el 23 de abril de 1883, compuesta por 84 artículos distribuidos en XIV títulos.

En el Título I, el Art. 1 definió a la Región riojana como uno de los Estados soberanos de la Federación española; concebida ésta como una República Democrática Federal. El Título II proclamó los derechos individuales, prohibiendo imponer la pena de muerte ni otra alguna pena infamante (Art. 2), la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley (Art. 9), la inviolabilidad del domicilio (Art. 12) o la libertad de cultos (Art. 18); concluyendo que los derechos consignados en los artículos que preceden, como inherentes a la naturaleza humana, son anteriores y superiores a toda ley, no pueden ser mutilados, ni reglamentados, y están bajo la garantía de la Región riojana. Leyes especiales determinarán el procedimiento que en los casos de trasgresión de aquellos ha de seguirse, para exigir la responsabilidad a los que la cometieren (Art. 20).

En el Título III destaca la redacción del Art. 21: El Estado riojano lo constituyen los municipios de toda la provincia de Logroño, que, asociados voluntariamente, pactan solemnemente lo que en esta Constitución se establece. Su objeto es el bienestar general, la conservación de la forma de gobierno consignada en el título primero, y la protección de todos los derechos, individuales y sociales de sus habitantes, en los casos de violación por parte de aquellas corporaciones. El Título IV reguló sus tres poderes constitucionales [legislativo (desarrollado en el Título V), ejecutivo (VI) y judicial (VII)], cada uno de los cuales funciona libre y separadamente dentro de su esfera de acción respectiva.

Por último, la Constitución Republicana riojana dedicó el Título VIII a la enseñanza, el IX a la beneficiencia, el X a la fuerza pública (una fuerza militar permanente, constituida por voluntarios), el XI a los impuestos (para contribuir a las cargas del Estado proporcionalmente a sus riquezas), el XII a la organización administrativa de los municipios riojanos, el XIII a la revisión constitucional y el XIV y último título a las disposiciones generales y transitorias.

Aunque la Constitución Republicana Federal del Estado Riojano se quedó en mero papel, como recuerda el profesor de la UNED, Ángel Olmos Lezáun, [”Una utopía en La Rioja”. En Investigación humanística y científica en La Rioja, 2000, p. 307 (*)], desde un punto de vista jurídico fue un texto que destacó por su sencillez y singularidad.

viernes, 1 de septiembre de 2017

La singular adhesión de Chipre a la Unión Europea

El primer Acuerdo de Asociación entre las Comunidades Europeas y Chipre se firmó el 19 de diciembre de 1972 aunque se fue modificando mediante cuatro sucesivos protocolos de cooperación técnica y financiera para adaptar las relaciones comerciales a las nuevas circunstancias políticas; en especial, tras el golpe de estado de 1974 y la posterior intervención militar turca. Uno de aquellos protocolos, el de 19 de octubre de 1978, definió las condiciones y los procedimientos necesarios para la aplicación de la segunda fase del acuerdo en el que se preveía el establecimiento de una unión aduanera. El siguiente paso llegó con la solicitud formal de adhesión que las autoridades de Nicosia presentaron en Bruselas el 4 de julio de 1990; y, finalmente, el 16 de abril de 2003, los 15 Estados que en aquel momento formaban parte de la Unión Europea (UE-15) firmaron, en Atenas (Grecia), el Tratado relativo a la Adhesión de la República de Chipre –junto a la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia– de modo que, el 1 de mayo de 2004, entró en vigor la sexta y mayor ampliación de la Unión Europea (UE-25).

Durante todo ese proceso, el Parlamento Europeo (*) reconoció que Chipre cumplía sin problemas los criterios políticos y económicos para la adhesión, pero también fue consciente de que la tercera isla de mayor extensión del Mediterráneo (…) presenta una situación política particular: una parte de su territorio está ocupada ilegalmente por un tercer país, Turquía, y se ha autoproclamado República independiente, si bien no ha sido reconocida por la comunidad internacional.

La Constitución chipriota de 1960 –del mismo año en que se independizó de Gran Bretaña– instituyó un Estado único en cuyo seno la comunidad greco-chipriota (que constituía, en aquella época, el 82% de la población) y la comunidad turco-chipriota (aproximadamente, el 18% de la población) se repartían el poder en una proporción de 70%-30%. Las divergencias entre las dos comunidades aumentaron como consecuencia de la Constitución y de la divulgación del Plan Akritas. Además, los planes respectivos de ambas comunidades sobre la anexión de la isla a Grecia (Enosis) o a Turquía (Takim) avivaron las tensiones.

Pero, entre diciembre de 1963 y agosto de 1964 se produjeron enfrentamientos violentos. Los representantes de la comunidad turco-chipriota que ocupaban cargos políticos y administrativos organizaron una administración provisional sin base constitucional alguna. En febrero de 1964, y puesto que la situación representaba una amenaza para la seguridad internacional, se creó en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la UNFICYP (…), cuya misión era mantener la paz y la seguridad internacionales.

El Presidente Makarios intentó aplicar una política de reconciliación e independencia. Sin embargo, las medidas en favor de la Enosis apoyadas por la Junta militar griega desembocaron en un golpe de Estado contra él el 15 de julio de 1974. Como consecuencia de este golpe, Turquía intervino militarmente en el norte de Chipre el 20 de julio de 1974, acción que justificó en el marco del Tratado de garantías. Tras una segunda intervención en agosto, que no se puede justificar en el marco de dicho Tratado, el ejercito turco ocupó el 37% del territorio de la isla. El 18 de agosto de 1974 entró en vigor un alto el fuego. El período subsiguiente se ha caracterizado por la ocupación del territorio, pérdidas de vidas humanas, desplazamiento de la población y destrucción del patrimonio cultural. En la zona ocupada ilegalmente se proclamó en noviembre de 1983 la República turca del norte de Chipre. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas consideró que esta declaración era ilegal. Hoy en día, la división de la isla es un hecho.

Desde que el Gobierno de Ankara ocupó el Norte de Chipre, la política europea se había basado en dos principios:
  1. El reconocimiento exclusivo del Gobierno legal, de conformidad con las resoluciones de la ONU: y
  2. La voluntad de que toda la población chipriota se beneficiara de los efectos del Acuerdo de Asociación (lo que permitía que la comunidad turco-chipriota no se sintiese aislada) pero, esta tesis puramente librecambista, sin tener en cuenta ningún tipo de consideración de carácter político, fue rechazada por una sentencia del TJUE de 5 de julio de 1994 [asunto C-432/92, ECLI:EU:C:1994:277] en la que se pronunció en contra de ella: El Acuerdo de 19 de diciembre de 1972 por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y la República de Chipre (…), así como la Directiva 77/93/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a las medidas de protección contra la introducción en los Estados miembros de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que las autoridades nacionales de un Estado miembro admitan, con ocasión de la importación de cítricos y de patatas procedentes de la parte de Chipre situada al norte de la zona de seguridad de las Naciones Unidas, certificados de circulación y certificados fitosanitarios expedidos por autoridades que no sean las competentes de la República de Chipre.


Hoy en día, desde el punto de vista de la normativa europea, las consecuencias prácticas del “problema de Chipre” se contemplan en el Protocolo nº 10 del Tratado que regula sus condiciones de adhesión: como no se logró un acuerdo global, en consonancia con las correspondientes Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las altas partes contratantes –es decir: la Unión Europea y Chipre– acordaron necesario disponer que se suspenda la aplicación del acervo comunitario en las zonas de la República de Chipre en las que el Gobierno de la República de Chipre no ejerza un control efectivo y que, en caso de que se logre una solución al problema de Chipre dicha suspensión deberá quedar sin efecto. De modo que Chipre es un Estado miembro de la Unión Europea pero el Derecho Comunitario solo se aplica en las dos terceras partes de la isla controladas por el Gobierno de Nicosia (un caso excepcional en la historia de la Unión).

Para concluir, conviene recordar un matiz con cierta trascendencia. El Art. 49 del Tratado de la Unión Europea dispone que: Cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 [en referencia a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos] y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión. La redacción de este precepto no fue óbice para que Chipre –que geográficamente pertenece a Asia, no a Europa– fuese admitida sin lugar a dudas en la Unión (frente a la negativa que recibió la solicitud, por ejemplo, de Marruecos).

Esto demuestra –según el profesor Remiro Brotons– la flexibilidad con la que se maneja la relación entre la geografía y el proyecto político. La República de Chipre se asienta territorialmente en una isla localizada en el Mediterráneo oriental, al sur de Anatolia, que conforme al principio de mayor proximidad respecto de costas continentales es geográficamente asiática (y así aparece habitualmente en los mapas). A menos que imitando al Imperio Romano la Unión Europea considere “Mare Nostrum” al Mediterráneo o se hagan prevalecer sobre los territoriales elementos demográficos (el origen griego de la población mayoritaria) o históricos (el papel representado en Chipre por potencias europeas a lo largo de los siglos) para definir la europeidad, Chipre sería el primer europeo puramente dogmático, esto es, europeo por la unánime voluntad soberana de los miembros de la Unión [REMIRO BROTÓNS, A. “Europeidad y membresía de la Unión Europea: El caso de Turquía”. En REMIRO BROTÓNS, A. Los límites de Europa. Madrid: Academia Europea de Ciencias y Artes, 2008, p. 42].

miércoles, 30 de agosto de 2017

La tablilla de Nippur y el crimen más famoso de Mesopotamia

Según el historiador británico Paul Kriwaczek, hace unos 4.000 años, entorno al siglo XX a.C., la Asamblea de Nippur –una antigua ciudad sumeria situada en el actual Iraq, donde se levantaba el templo de Enlil, su dios supremo– celebró un juicio que fue famoso entre los mesopotámicos en la medida en que su historia se usó durante siglos para educar a los escribas en el arte de la crónica judicial y famoso entre los arqueólogos modernos como prueba de la dificultad al traducir textos antiguos [1]. Kriwaczek se refiere a que la escritura cuneiforme que se empleó para cincelar el veredicto en una de las tablillas que se desenterraron en las ruinas de Nippur ha sido traducido con significados tan dispares que la sentencia fue interpretada por un erudito como una condena a muerte para uno de los acusados, mientras que otro consideró que fue absuelto de todas sus acusaciones [2]. Veamos un ejemplo de cada una de esas traducciones.

Por un lado, el criminólogo mexicano Luis Rodríguez Manzanera se refirió a esta anécdota en su excelente libro Criminología tomando como fuente al orientalista alemán Hartmut Schmökel [Ur, Asur y Babilonia. Madrid: Ediciones Castilla, 1965, p. 75]: La tradición babilónica en materia criminológica es muy amplia, sirva de ejemplo un protocolo de 1850 a. C, escrito en una pequeña tablilla (10 cms.) descubierta en Nippur: Un empleado del templo fue asesinado por tres hombres, y estos comunicaron su crimen a la esposa del asesinado, no presentando ella la denuncia. Los autores del crimen fueron procesados por homicidio y la mujer por encubrimiento. Nueve testigos declararon en contra y dos en favor de la mujer, argumentando que ella no participó en el crimen, que siempre fue maltratada por su marido y que había quedado en la miseria, por lo tanto ya había sido suficientemente castigada. Los criminales fueron ejecutados frente al domicilio de la víctima, la mujer fue puesta en libertad [3].

Y, por otro, podemos leer justo el sentido contrario en Babilonia, el ensayo de Paul Kriwaczek: tres hombres fueron declarados culpables de asesinar al hijo de un sacerdote. «Nanna-sig, hijo de Lu-Sin; Ku-Enlila, hijo de Ku-nanna, el barbero y Enlil-ennam, esclavo de Adda-kalla el jardinero, asesinaron a Lu-Inanna, hijo de Lugal-urudu, el sacerdote». El rey los envió a sentencia a la asamblea de Nuippur. Respecto a los asesinos, el caso estaba claro: les esparaba la ejecución. Pero el caso era complicado ya que le habían contado a la mujer de la víctima lo que habían hecho y ella no informó a las autoridades. «Cuando Lu-Inanna, hijo de Lugal-urudu había sido asesinado, le contaron a su mujer, Nin-dada, hija de Lu-Ninurta, que su marido había sido asesinado. Nin-dada (…) no abrió su bocay lo encubrió». Nueve testigos se turnaron para exigir también la pena de muerte para la mujer: «Ur-Gula, hijo de Lugal-ibila; Dudu, el cazador de pájaros; ali-ellati, el plebeyo; Puzu, hijo de Lu-Sin; Eluti, hijo de Tizkar-Ea; Sheshkalla, el alfarero; Lugarlkarn, el jardinero; Lugal-azida, hijo de Sin-andul y Sheshkalla, hijo de Sharahar, se dirifieron a la asamblea: “Han matado a un hombre, así que no son hombres vivos. Los tres hombres y la mujer deben morir ante el asiento de Lu-Inanna, hijo de Lugal-urudu, el sacerdote”». Pero dos miembros de la asamblea hablaron en favor de la mujer: «Shuqalilum, el soldado de Ninurta, y Ubar-Sin, el jardinero, replicaron: “¿Acaso mató Nin-dada, hija de Lu-Ninurta, a su marido? ¿Qué hizo la mujer para merecer la muerte?”». Tras deliberar, la asamblea emitió su juicio: El enemigo de un hombre puede saber que una mujer no aprecia a su marido y matar a su marido. Ella supo que su marido había sido asesinado, así que, ¿por qué mantuvo silencio sobre él? Es ella la que ha matado a su marido; su culpa es mayor que la de los hombres que lo mataron. En la asamblea de Nippur, después de que el caso hubiera sido resuelto, Nanna-sig, hijo de Lu-Sin; Ke-Enlila, hijo de Ku-nanna, el barbero, Enlil-ennam, esclavo de Adda-kalla el jardinero y Nin-dada, hija de Lu-Ninurta, fueron entregados a la justicia para ser ejecutados. Veredicto de la asamblea de Nippur.

Kriwaczek concluye afirmando que la dificultad de leer documentos cuneiformes queda demostrada por el hecho de que en una traducción anterior del mismo texto, a cargo de Samuel Noah Kramer, la mujer era exculpada y liberada [4]. Por último, el historiador británico de origen austriaco también destaca que en el juicio intervinieran un plebeyo –el peldaño más bajo de la escala social–, un jardinero o un barbero, lo que demuestra que a diferencia de nuestros tribunales, el castigo también era decidido por esas gentes comunes, en lugar de por profesionales [5].

Citas: KRIWACZEK, P. Babilonia. Mesopotamia: la mitad de la historia humana. Barcelona: Ariel (Planeta), 2010, p. 187. [2] Ob. cit., p. 18. [3] RODRÍGUEZ MANZANERA, A. Criminología. Ciudad de México: Porrúa, 2ª ed., 1981, p. 151. [4] KRIWACZEK, P. Ob. cit., p. 188. [5] Ob. cit., pp. 188 y 189.

lunes, 28 de agosto de 2017

¿Desde cuándo es obligatorio que tengamos un buzón en casa?

El Correo es un servicio público inherente a la soberanía del Estado, que lo rige y administra. Auxiliar indispensable de las actividades personales, culturales y comerciales del país, realiza en todo el territorio nacional y en el ámbito internacional, según la cooperación establecida en los Convenios postales vigentes, la admisión, curso y entrega de la correspondencia. Así comenzaba el Art. 1 de la Ordenanza Postal [Decreto 1113/1960, de 19 de mayo]. A continuación, al regular la entrega de la correspondencia, el Art. 22.4 de esta misma norma estableció, con carácter imperativo, que: (…) Cuando se trate de casas de vecinos, la entrega se hará mediante depósito en las cajas o buzones de las porterías, vestíbulos o portales, que habrán de existir en todos los edificios de aquel carácter, ajustados a las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

Esta fue la primera disposición española que obligó a instalar buzones –aunque su cumplimiento se limitó entonces a las capitales de provincia en las que alcance mayor volumen el tráfico postal– pero no era la primera vez que la Dirección General de Correos recomendaba la instalación de buzones o casilleros en los portales o lugares adecuados de la misma planta porque, con anterioridad, ya se había expresado en ese mismo sentido en las Circulares de 16 de diciembre de 1952 y de 25 de enero de 1955.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 22.4 de la Ordenanza Postal de 1960, el Ministerio de la Gobernación aprobó el Decreto 97/1962, de 18 de enero, por el que se dispuso el establecimiento obligatorio en las casas de vecinos de cajas o buzones para el depósito y entrega de la correspondencia. Especificando –en su Art. 5º– que los gastos que originen la instalación y conservación de los repetidos casilleros, buzones o cajas, serán a cargo de los propietarios de las fincas, que podrán repercutir su importe, por iguales partes, entre los inquilinos o. arrendatarios que utilicen aquéllos, de acuerdo con lo que previene la legislación de Arrendamientos Urbanos, cuando se realicen obras en beneficio de los inquilinos o arrendatarios. Finalmente, el Art. 7º reguló que el incumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto dará lugar a su ejecución forzosa, de acuerdo con lo previsto en el artículo ciento cuatro de la Ley de Procedimiento Administrativo y, en su caso a la imposición de sanciones gubernativas autorizadas por las disposiciones vigentes.

En la siguiente década, una resolución de 7 de diciembre de 1971 dictó las normas para la instalación obligatoria de casilleros postales domiciliarios (buzones) en las fincas urbanas de las localidades de más de 20.000 habitantes para el depósito de la correspondencia.

Craig Shillam | Roadside Royalty (2013)

viernes, 25 de agosto de 2017

El derecho de mañería

Al investigar sobre El estado de las personas en los reinos de Asturias y León en los primeros siglos posteriores á la invasión de los árabes (Madrid, 1883), el catedrático Tomás Muñoz y Romero afirmó que el feudalismo introdujo el derecho de la mañería en los reinos cristianos de España aunque en verdad debemos decir que no en todas partes fué recibida; y de ello son prueba muchos documentos de donación y testamento hechos por colonos, vasallos y algunos individuos que indudablemente pertenecían á la nobleza inferior (…). Los que no tenían hijos no podían disponer de sus bienes por el derecho de mañería, en virtud del cual correspondía al rey en los realengos y al señor en sus tierras el derecho de heredarles (…). En muchos puntos se empezó á poco de su introducción á moderar este gravoso derecho, reduciéndolo á una cuota módica y determinada; hasta que fue desapareciendo ó moderándose á medida que los concejos [ayuntamientos] iban adquiriendo fuerza y poder. En 1073, por ejemplo, así consta en un privilegio que el rey D. Alfonso VI [de León] otorgó (…) á los nobles, clérigos, legos, castellanos y francos que habitaban ó fuesen á habitar á aquella ciudad y castillo, por el que les eximió de mañería, á la que llamó pessima consuetudo [pésima costumbre], concediéndoles al propio tiempo la libre facultad de testar (pp. 93, 159-160 y 162).

En opinión de Alfonso Mª Guilarte, la mañería fue un tributo justificado en exigencias de la guerra que gravitaba sobre los bienes de quien moría sin hijos. Los bienes del mañero, se argumentaba, sustituían a los hijos que, de haberlos tenido, hubieran sucedido al padre en la prestación militar [GUILARTE, A.Mª. Castilla, país sin leyes. Valladolid: Ámbito, 1989, p. 56]. En la Península Ibérica, durante la Alta Edad Media, existieron figuras similares no solo en Asturias, León y Castilla sino también en Galicia (donde se denominaba maniñádego), Portugal (maninhadego) o Cataluña (exorch o exorchia).

Hoy en día, según el Diccionario del Español Jurídico, aquella mañería feudal se define como el derecho sucesorio que antiguamente correspondía a los reyes y señores respecto de la herencia de los súbditos que fallecían sin sucesión legítima. De forma análoga, la RAE también se refiere al derecho que tenían los reyes y señores de suceder en los bienes a los que morían sin sucesión legítima.

miércoles, 23 de agosto de 2017

Las Constituciones de Guatemala

El precedente de su legado constitucional se remonta al periodo colonial español, cuando la actual República formaba parte de la más extensa Capitanía General de Guatemala que abarcaba desde el actual Estado mexicano de Chiapas hasta la frontera de Costa Rica con Panamá (integrada, por aquel entonces, en la Gran Colombia). En 1808, mientras el pueblo de Madrid se levantaba en armas contra las tropas francesas, Napoleón Bonaparte otorgó, el 6 de julio de ese mismo año, el Estatuto de Bayona a los representantes del clero y la nobleza españoles convocados en esa ciudad francesa para jurar fidelidad a su hermano, el llamado rey intruso, José I Bonaparte. Su Art. 87 dispuso que los reinos y provincias españolas de América (…) gozarán de los mismos derechos que la Metrópoli; y que Guatemala estaría representada constantemente cerca del Gobierno por un diputado encargado de promover sus intereses y de ser su representante en las Cortes (Art. 92). Cuatro años más tarde, durante la ausencia y cautividad de Fernando VII, las Cortes Generales reunidas en Cádiz el 19 de marzo de 1812 decretaron la Constitución Política de la Monarquía Española para el buen gobierno y recta administración del Estado [1]. "La Pepa" –inspirada en los textos constitucionales de EE.UU. (1787) y Francia (1791)– definió a la Nación como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios (Art. 1) y delimitó su territorio al comprendido en la América septentrional incluyendo a Guatemala en su Art. 10.

Coincidiendo con el Trienio Liberal que gobernó España entre 1820 y 1823 se restableció en Guatemala la vigencia de la Constitución de Cádiz, abolida por el absolutismo de Fernando VII; pero, gracias a la recobrada libertad de prensa resurgieron las voces que reclamaban la independencia de las provincias de aquella Capitanía y, finalmente, el 15 de septiembre de 1821 se proclamó el Acta de Independencia de América Central, en la capital chapina –como se denomina de manera coloquial al gentilicio guatemalteco– y su posterior integración en el I Imperio Mexicano, de Agustín I. Una breve adhesión que generó conflictos, reprimió a los opositores y concluyó, en 1823, cuando los territorios centroamericanos decidieron separarse de México (excepto Chiapas) y crear las Provincias Unidas del Centro de América que, un año más tarde, se convirtieron en la República Federal de Centro América. La ley fundamental de la Federación de estos cinco Estados –Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica– fue la Constitución de 22 de noviembre de 1824 (cuyos Arts. 5 y 6 preveían que la provincia de Chiapas se convertiría en su sexto Estado cuando libremente se una), admitiéndose otros (Arts. 196 a 198) siempre que tuvieran una población de al menos 100.000 habitantes para tener capacidad de subsistir. La Constitución federal se reformó en 1835 pero no pudo evitar su disolución antes de acabar aquella misma década.

Al mismo tiempo, los representantes del pueblo de Guatemala congregados en Asamblea, autorizados plena y legalmente por nuestros comitentes, y por el pacto de la confederación Centroamérica, para dar la ley fundamental que debe regir al Estado, asegurarle en sus derechos, y afianzar los del hombre y del ciudadano decretaron y sancionaron su primera Carta Magna: los 268 artículos de la Constitución Política del Estado de Guatemala de 11 de octubre de 1825; en la que el Estado se reconocía soberano, independiente y libre en su gobierno y administración interior (Art. 3) y aunque limitaba estos derechos al pacto de unión que celebraron los Estados libres de Centroamérica en la Constitución federativa de 22 de noviembre de 1824; reafirmaba que al Estado de Guatemala le correspondía todo el poder que por la misma Constitución no estuviere conferido a las autoridades federales (Art. 4). Proclamó la separación de poderes legislativo, ejecutivo y judiciario (Art. 8); afirmó que ninguna autoridad del Estado es superior a la ley (Art. 7) o que ningún magistrado, ni representante, es perpetuo (Art. 44); y enumeró los derechos particulares de los habitantes (Arts. 20 a 34) que se desarrollaron, en pleno ocaso de la Federación, en la Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes (Decreto nº 76, de 14 de diciembre de 1839).

Tras los periodos colonial y federal, el 21 de marzo de 1847, el Estado de Guatemala se convirtió en República en tiempos del presidente Rafael Carrera y Turcios (Decreto nº 15) y se adoptó una nueva ley fundamental: el Acta Constitutiva de la República de Guatemala de 1851 que –con la reforma de 1855– estuvo en vigor veinte años, hasta que los gobiernos de signo conservador fueron relevados por políticos liberales que, a su vez, redactaron su propia Constitución de la República de Guatemala de 1879 vigente hasta mediados del siglo XX –la que más tiempo ha permanecido en vigor– con ocho reformas (1885, 1887, 1897, 1903, 1921, 1927, 1935 y 1941) centradas en redistribuir las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo para dotar de mayores o menores funciones al presidente.

En 1944 se derogó aquella norma con el estallido de la denominada Revolución de Octubre que promulgó la nueva Constitución de 13 de marzo de 1945, en la que destaca el capítulo específico que dedicó a las garantías sociales considerando el trabajo como un derecho del individuo y una obligación social y siendo punible la vagancia (Art. 55); asimismo, equiparó el matrimonio civil con la unión entre personas (Art. 74), reconoció que el Estado ha de proteger a los padres de familia pobres que tuvieran seis o más hijos menores (Art. 76) y declaró la autonomía de la Universidad de San Carlos (la única que podía otorgar títulos oficiales).

Cuando Rigoberta Menchú recogió el Premio Nobel de la Paz en Oslo (Noruega), en 1992, se refirió a este periodo histórico en su discurso de agradecimiento: El mundo conoce que el pueblo guatemalteco, mediante su lucha, logró conquistar en octubre de 1944 un periodo de democracia, en que la institucionalidad y los derechos humanos fueron su filosofía esencial. En esa época, Guatemala fue excepcional en el continente americano en su lucha por alcanzar la plena soberanía nacional. Pero en 1954, en una confabulación que unió a los tradicionales centros de poder nacionales, herederos del coloniaje, con poderosos intereses extranjeros, el régimen democrático fue derrocado a través de una invasión armada e impuso de nuevo el viejo sistema de opresión que ha caracterizado la historia de mi país. (...) En el intento de sofocar la rebelión, las dictaduras cometieron las más grandes atrocidades. Se arrasaron aldeas, se asesinaron decenas de miles de campesinos, principalmente indígenas, centenas de sindicalistas y estudiantes, numerosos periodistas por dar a conocer la información, connotados intelectuales y políticos, religiosos y religiosas (*).

Como señaló la activista, la Carta Magna de 1945 fue derogada por el Estatuto Político de la República de Guatemala, de 10 de agosto de 1954 y, como consecuencia, la Asamblea Constituyente adoptó una nueva Constitución el 2 de febrero de 1956, con un sistema de Gobierno republicano, democrático y representativo, que en la década posterior fue suspendida su vigencia, en 1963, tras un golpe de estado militar, y sustituida por la siguiente Constitución de la República de Guatemala decretada el 15 de septiembre de 1965.

Diego Rivera | Gloriosa victoria (1954)

Durante las siguiente décadas –al igual que sucedió en los cercanos El Salvador y Nicaragua– el país chapín fue uno de los escenarios de la Guerra Fría, que se tradujo en (…) represiones militares brutales e insurrecciones armadas revolucionarias (…). En Guatemala se vivió entre 1980 y 1996 –aunque en realidad estaba latente desde 1960– un enfrentamiento armado entre el régimen militar y la guerrilla de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (…) con efectos muy nocivos en términos de violencia, por la política represiva del régimen, dirigida en particular contra la población indígena [2].

En la actualidad, la vigente ley suprema guatemalteca es la Constitución de 31 de mayo de 1985. Tras invocar el nombre de Dios, contiene una declaración de principios por la que se expresan los valores que los constituyentes plasmaron en el texto (sentencia de la Corte de Constitucionalidad, de 17 de septiembre de 1986), proclama que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común (Art.1); y garantiza a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona (Art. 2).

En el Título II, dedicado a los Derechos Humanos, mantiene la legalidad de la pena de muerte (Art. 18) pero con carácter extraordinario, de manera que está prevista únicamente para los responsables de la comisión de determinados delitos... dejando a criterio razonado del juzgador su aplicación cuando estime que las circunstancias en las que se cometió el hecho, la manera de como se realizó y los móviles, revelen una mayor o particular peligrosidad del autor del hecho (opinión consultiva de 22 de mato de 1993, de la Corte de Constitucionalidad). Según este precepto, la pena capital existe legalmente y su aplicación está regulada tanto en la Constitución Política de la República como en el Código Penal pero solo para determinados varones porque exceptúa a las mujeres.

Citas: [1] PÉREZ VAQUERO, C. “El legado constitucional español”. En Constituciones españolas (1812-1978). Valladolid: Lex Nova, 2007, pp. 28 y 29. [2] GARIBAY, D. “De la guerra civil a la violencia cotidiana: el difícil arraigo de las democracias centroamericanas”. En BABY, S., COMPAGNON, O. y GONZÁLEZ CALLEJA, E. (Dir.). Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX. Madrid: Casa de Velázquez, 2009, p. 215.

lunes, 21 de agosto de 2017

¿Dónde se regula qué objetos no se pueden llevar en un avión como equipaje de mano?

De acuerdo con las normativas de seguridad (…) los pasajeros no están autorizados a introducir en la zona restringida de seguridad del aeropuerto –[en referencia a las] puertas de embarque y zonas exclusivas para pasajeros–, ni en la cabina de la aeronave, artículos que puedan constituir un riesgo para la salud de los pasajeros y la tripulación, así como para la seguridad de la aeronave y sus bienes. Dichos objetos deberán ser facturados durante el check-in como equipaje, y/o aplicárseles el procedimiento pertinente para poder ser embarcados. De no ser así, el personal de seguridad puede requisarlos. Además, el personal de seguridad puede denegar el acceso a la zona restringida, y a cabina, a cualquier pasajero que esté en posesión de un objeto que suscite recelo, aunque éste no esté enumerado en las listas de objetos prohibidos. Así lo informa la web del aeropuerto madrileño de Barajas (*); pero ¿en qué disposición normativa se regula esa lista?

Desde el 1 de febrero de 2016, el listado de “artículos prohibidos” –es decir, aquellos objetos que no se permite al pasajero transportar ni introducir en las zonas restringidas de seguridad o a bordo de una aeronave– se enumeran en el apéndice 4-C del Reglamento de ejecución (UE) 2015/1998 de la Comisión, de 5 de noviembre de 2015, por el que se establecieron medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea; derogando la anterior reglamentación [Reglamento (UE) nº 185/2010 de la Comisión, de 4 de marzo de 2010]. La actual normativa prohíbe seis categorías:
  1. a) Pistolas, armas de fuego y otros dispositivos que descarguen proyectiles: dispositivos que puedan utilizarse, o parezca que pueden utilizarse, para causar heridas graves mediante la descarga de un proyectil, entre los que se incluyen: todo tipo de armas de fuego, tales como pistolas, revólveres, rifles o escopetas, pistolas de juguete, reproducciones de armas de fuego y armas de fuego de imitación que puedan confundirse con armas reales, piezas procedentes de armas de fuego, excepto miras telescópicas, armas de aire comprimido y CO2, tales como pistolas, escopetas de perdigones, rifles y pistolas de balines, pistolas lanza-bengalas y pistolas «estárter» o de señalización, arcos, ballestas y flechas, arpones y fusiles de pesca, y hondas y tirachinas.
  2. b) Dispositivos para aturdir: dispositivos destinados específicamente a aturdir o inmovilizar, entre los que se incluyen: dispositivos para provocar descargas, tales como pistolas para aturdir, pistolas eléctricas tipo «Taser» o bastones para aturdir, aturdidores para animales y pistolas de matarife, y productos químicos, gases y nebulizadores neutralizadores o incapacitantes, tales como macis, rociadores de sustancias picantes, aerosoles de pimienta, gases lacrimógenos, rociadores de ácido y aerosoles repelentes de animales.
  3. c) Objetos de punta afilada o borde cortante: objetos de punta afilada o un borde cortante que puedan utilizarse para causar heridas graves, incluidos: artículos concebidos para cortar, tales como hachas, hachuelas y hendidoras, piquetas y picos para hielo, navajas y cuchillas de afeitar, cortadores de cajas, cuchillos y navajas cuyas hojas superen los 6 cm de longitud, tijeras cuyas hojas superen los 6 cm medidos a partir del eje, equipos de artes marciales punzantes o cortantes, y espadas y sables.
  4. d) Herramientas de trabajo: herramientas que puedan utilizarse para causar heridas graves o para amenazar la seguridad de la aeronave, entre las que se incluyen: palancas, taladros y brocas, incluidos taladros eléctricos portátiles sin cable, herramientas dotadas de una hoja o eje de más de 6 cm de longitud que puedan ser usadas como arma, tales como los destornilladores y formones, sierras, incluidas sierras eléctricas portátiles sin cable, sopletes, y pistolas de proyectil fijo y pistolas grapadoras.
  5. e) Instrumentos romos: objetos que puedan utilizarse para causar heridas graves cuando se utilicen para golpear, incluidos: bates de béisbol y sóftbol, palos y bastones, como porras y cachiporras, y equipos para artes marciales.
  6. f) Sustancias y dispositivos explosivos e incendiarios: sustancias y dispositivos explosivos e incendiarios que puedan utilizarse, o parezca que pueden utilizarse, para causar heridas graves o para amenazar la seguridad de la aeronave, tales como: municiones, fulminantes, detonadores y espoletas, reproducciones o imitaciones de dispositivos explosivos, minas, granadas y otras cargas explosivas de uso militar, fuegos de artificio y otros artículos de pirotecnia, botes de humo y cartuchos generadores de humo, y dinamita, pólvora y explosivos plásticos.
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