viernes, 25 de mayo de 2018

Ejemplos de reglamentos ilegales

Al analizar los límites de la potestad reglamentaria y las clases de reglamentos ya tuvimos ocasión de mencionar que, según el Art. 106.1 de la Constitución Española de 1978, los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. En la práctica, este precepto significa que la jurisdicción contencioso-administrativa es la que determina la validez o ilegalidad de un reglamento, cuando sea objeto de impugnación; sancionando los reglamentos ilegales con la nulidad de pleno derecho mediante una resolución que tiene eficacia erga omnes [como ha reiterado la jurisprudencia del Tribunal Supremo [entre otras, la sentencia 4240/2010, de 20 de julio, (ECLI:ES:TS:2010:4240)].
 
Cuando se produce esta circunstancia, lo más habitual es que la Sala Tercera del Tribunal Supremo declare nulo de pleno derecho un inciso, un párrafo o un apartado de un precepto, un determinado artículo al completo e incluso alguna disposición adicional; pero, excepcionalmente, a veces, anula la totalidad del reglamento. Veamos algunos ejemplos que se han producido en lo que llevamos de siglo XXI:
  1. En 2005, diversas corporaciones profesionales –el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España, el Instituto de Ingenieros Técnicos de España, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas– consideraron que el Real Decreto 288/1997, de 28 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento de Cuerpos, Escalas y Especialidades Fundamentales de los Militares de Carrera no se ajustaba a derecho porque durante su elaboración, el Gobierno no les dio audiencia como asociaciones representativas de intereses corporativos de todas las titulaciones afectadas y, al prescindir de este trámite, la sentencia 477/2005, de 31 de enero [ECLI:ES:TS:2005:477] del Tribunal Supremo lo declaró nulo de pleno derecho; y
  2. Unos años más tarde, cuando Madrid se presentó candidata para organizar los Juegos Olímpicos de 2016, el Gobierno español consideró oportuno solventar definitivamente las dudas suscitadas en todo lo relativo a la disponibilidad de los deportistas para los controles antidopaje y, por ese motivo, aprobó el Real Decreto 1462/2009, de 18 de septiembre, por el que se modificó el Real Decreto 641/2009, de 17 de abril para regular los procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis autorizados; es decir, como falló la sentencia 6451/2011, de 13 de octubre, del Tribunal Supremo [ECLI:ES:TS:2011:6451]: se modificó una norma elaborada cinco meses antes, en un tiempo insólitamente breve (12 días desde que se abre el proceso de elaboración y el de la promulgación de la norma en el Boletín Oficial del Estado), y desatendiendo trámites esenciales como el de audiencia. El reglamento fue recurrido por la Asociación de Ciclistas Profesionales alegando varios vicios de forma en los que incurrió la Administración al elaborar la modificación del Real Decreto y nuestro Alto Tribunal cuestionó ese ejercicio de la potestad reglamentaria declarando nulo el Real Decreto 1462/2009.
Estos dos supuestos no han sido los únicos, sin ánimo de ser exhaustivo, podemos citar también las siguientes resoluciones judiciales:
  1. Sentencia de 21 de abril de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara nulo el Real Decreto 1068/2007, de 27 de julio, por el que se reguló la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector del gas natural;
  2. Sentencia de 14 de junio de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara nulo el Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre, sobre traspasos de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos;
  3. Sentencia de 13 de febrero de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara nulo el Real Decreto 1370/2009, de 13 de agosto, por el que se modificó el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, que aprobó el Reglamento para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas; y
  4. Sentencia de 30 de mayo de 2014, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara nulo el Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, que estableció las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y aprobó las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.

miércoles, 23 de mayo de 2018

Callejero del crimen (VII): la fuente de Brabo, en Amberes

El escultor belga Jef Lambeaux (1852-1908) diseñó la fuente dedicada al soldado romano Silvio Brabo [Brabofontein] que se levantó, delante del Ayuntamiento de Amberes, en 1887, en plena Grote Markt [Plaza Mayor] de la ciudad flamenca y a escasos metros de su imponente catedral (la más monumental de las iglesias góticas belgas). A finales del siglo XIX, aquel conjunto escultórico –un buen ejemplo del romanticismo que pretendía recuperar momentos legendarios de la historia– causó verdadera sensación por la composición en bronce del monstruo (¿un dragón?) situado en la base del pedestal, sobre unas rocas, el cuerpo yacente del gigante derrotado, rodeado de peces y otros animales marinos, bajo la efigie de Themis [la diosa de la Justicia] que sostiene, en la cúspide, la figura desnuda de Brabo, a once metros de altura, lanzando una enorme mano amputada hacia el río Escalda, como símbolo de la libertad recobrada frente a la tiranía.

Cuenta la leyenda que, en el siglo I a.C. un gigante de origen eslavo llamado Druoon Antigoon, de diecisiete pies de alto, se asentó en el río Escalda y exigió a los lugareños que le entregaran toda la carga que pescaran en aquellas aguas, además de pagarle una tasa por cruzar a la otra orilla; quienes se negaban, se enfrentaban a su ira y, si perdían, el gigante les cortaba una mano que lanzaba al Escalda. Un joven soldado romano llamado Silvio Brabo le hizo frente con una soga para atarle las piernas y derribarlo y un pequeño cuchillo con el que logró cortarle la mano y matarlo. Según la tradición, el propio Julio César reconoció el valor de aquel soldado de sus legiones y, en su honor, toda aquella región que hoy se reparte entre el Sur de los Países Bajos y el Norte y Centro de Bélgica, se denominó Brabante; y, para no olvidar su hazaña, aquella joven localidad situada junto al río pasó a llamarse Antwerpen [literalmente, mano que se lanza] de donde se tradujo al francés Anvers y de éste llegó su adaptación castellana: Amberes.





lunes, 21 de mayo de 2018

Medioambiente (XXXII): Las viviendas pasivas en la Unión Europea

Según el “Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial” [adoptado por la Comunicación de la Comisión Europea SEC(2006)1173, 1174 y 1175, de 19 de octubre de 2006], las viviendas pasivas se definen habitualmente como las viviendas sin sistemas tradicionales de calefacción y sin refrigeración activa. Requieren un excelente aislamiento y un sistema de ventilación mecánica con recuperación altamente eficaz del calor. Se conocen también como viviendas de energía cero o sin calefacción. Este documento comunitario se elaboró en respuesta al mandato que le otorgó el Consejo Europeo, el 8 de marzo de 2006, tras aprobar las indicaciones contenidas en el Libro Verde Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura

Ese mismo año, el ejecutivo europeo decidió consultar el contenido de la mencionada comunicación –cuyo objetivo, básicamente, consistía en conseguir antes de 2020 un ahorro de energía de más del 20% respecto a los niveles de consumo previstos, partiendo de una tasa de crecimiento dada del PIB y en ausencia de otras intervenciones– al Comité Económico y Social Europeo y el dictamen que aprobó este órgano consultivo, el 27 de septiembre de 2007, es uno de los documentos europeos más específicos en el ámbito de las viviendas pasivas [apropiación directa del término alemán Passivhaus, acuñado por los profesores Bo Adamson y Wolfgang Feist, en 1988].

Entre las acciones prioritarias del plan, la Comisión propuso establecer requisitos de eficiencia y construir edificios de muy bajo consumo de energía («viviendas pasivas»); especificando que forman parte de esta categoría las viviendas cuyo consumo anual no rebasa los 15 kwh/m² (invierno y verano) por lo que se refiere al consumo básico para la refrigeración y calefacción (§4.2.3).

A continuación, reconoció que: Las viviendas pasivas propiamente dichas requieren determinadas características de construcción (excelente aislamiento de las paredes y los suelos, conductos de precirculación del aire entrante situados bajo la vivienda), por lo que resulta complicado y costoso efectuar una adaptación completa de las viviendas existentes a esta norma. Esto significa que debería dedicarse el máximo esfuerzo a adaptar a las normas de viviendas pasivas el mayor número posible de construcciones nuevas y, en particular, de edificios públicos, para los cuales estas normas deberían hacerse progresivamente obligatorias. En paralelo, cuando se realicen obras de restauración o mantenimiento de edificios privados, que también se apoyarían mediante fondos de rotación a muy bajo interés, es muy importante que se adopten las soluciones eficaces desde el punto de vista del consumo energético de las viviendas pasivas. Hay que tener en cuenta que los edificios existentes constituirán la mayor parte de los que estén ocupados en 2020. En lo referente a las viviendas alquiladas, convendrá resolver la cuestión de la conveniencia económica para los propietarios de invertir masivamente en dispositivos para ahorrar energía, cuyos beneficios directos tienden a recaer en los inquilinos (§4.2.4.1).

Más allá de esa comunicación de la Comisión y del dictamen del CESE, las “casas pasivas” apenas se mencionan en otros documentos comunitarios, siendo los más destacados:
  • La resolución del Parlamento Europeo, de 31 de enero de 2008, sobre el Plan de acción para la eficiencia energética: “realizar el potencial” pidió a la Comisión que proponga una disposición de carácter vinculante para que todos los edificios nuevos que requieran calefacción o refrigeración se construyan (…) con arreglo a las normas de viviendas pasivas;
  • Las directrices que acompañan al Reglamento Delegado (UE) nº 244/2012 de la Comisión, de 16 de enero de 2012, que complementa la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética de los edificios (donde se prevé que las viviendas pasivas son una de las posibles medidas de eficiencia energética a tener en cuenta); y
  • El dictamen del Comité Europeo de las Regiones “Estrategia de la UE relativa a la calefacción y la refrigeración”, de 12 de octubre de 2016 (para aumentar la eficiencia energética de los edificios recomienda promover las llamadas viviendas pasivas, que tienen un consumo energético muy reducido, y también apoya y fomenta una mayor utilización práctica del concepto de casas activas, que utilizan fuentes de energía alternativas).

viernes, 18 de mayo de 2018

El origen del “Código Hays”

El actor Roscoe Fatty Arbuckle (1887-1933) fue uno de los comediantes más famosos en el Hollywood de comienzos del siglo XX. En aquel momento, su popularidad sólo podía compararse con la de Charles Chaplin, Charlot, como ha estudiado el profesor Gary Alan Fine [1]; pero su vida cambió cuando fue acusado de asesinar a la actriz y modelo Virginia Rappe en la lujosa habitación 1219 del Hotel St. Francis, de San Francisco (EE.UU.), el lunes 5 de septiembre de 1921. Aquella trágica muerte conmocionó a la sociedad americana y se convirtió en el escándalo que cambió Hollywood [2] dando lugar a un proceso interno de autorregulación por parte de la industria cinematográfica que culminó con la aprobación del denominado “Código Hays” (sobrenombre coloquial del Motion Picture Production Code).
 
En plena época de la Ley Seca, Arbuckle organizó una fiesta en la que, según Fine, corrieron litros de whisky y ginebra. La víctima comenzó a sentirse mal y a gritar, quitándose la ropa; y, como los invitados no lograban calmarla, con ayuda del gerente del hotel, trasladaron a Virginia a otra suite donde fue atendida por un médico y, ya calmada, una ambulancia la llevó a un hospital donde falleció de peritonitis cuatro días más tarde, el 9 de septiembre de 1921. En principio, nada parecía indicar que su fallecimiento se debiera a una muerte violenta pero el testimonio de una amiga de la actriz, Maude Bambina Delmont –que no dudó en acusar a Fatty de haberle introducido una botella por la vagina– logró que interviniera el fiscal del distrito, Matthew Brady, acusando al actor de asesinato aunque, posteriormente, el juez Lazarus redujo el cargo al de homicidio.
 
Arbuckle tuvo que comparecer en tres procesos judiciales –del 18 de noviembre al 4 de diciembre de 1921; del 11 de enero al 4 de febrero de 1922; y del 13 de marzo al 12 de abril de 1922– hasta que un jurado lo exoneró por completo y fue absuelto. A pesar de aquel veredicto de inocencia, menos de una semana después, William H. Hays, director de la Asociación de Productores y Distribuidores de Películas [Motion Picture Producers and Distributors Association (MPPDA)] le prohibió volver a actuar y Fatty no pudo participar en ningún otro film hasta 1932 [3].
 
Con el público aún susceptible por aquellos acontecimientos, en 1924, Hays estableció un primer mecanismo, conocido como "La fórmula", para supervisar las fuentes literarias que podían ser susceptibles de adaptación cinematográfica; reglas que reformó en 1927 con un listado que sintetizó las restricciones: The Dont's and Be Carefuls.
 
De acuerdo con el profesor Pavés, en ese contexto, (…) El Código Hays, redactado en 1930 por el padre Daniel Lord (profesor de arte dramático en la Universidad de San Luis) y por Martin Quigley (editor de la revista "Motion Picture Herald"), fue la respuesta de la industria, por una parte a la creciente preocupación de la opinión pública americana ante la inmoralidad de los productos ofertados por Hollywood y, por otra, a los problemas derivados de la aparición de los diálogos, que ampliaron considerablemente los límites expresivos del medio cinematográfico tras la introducción de la nueva tecnología del sonoro a finales de la década de los años veinte. (…) La Asociación de Productores y Distribuidores Cinematográficos de América [MPPDA] fue fundada el 24 de marzo de 1922, en un último y desesperado intento de la industria cinematográfica para soslayar un posible control del Gobierno Federal y con el fin de recuperar la confianza, el crédito y el prestigio ante los espectadores americanos, tras la sucesión de escándalos que se habían originado en 1921 en el seno de la comunidad de Hollywood y que habían generado no poca indignación social a lo largo y ancho del país [4].
 
El Hays Code, que empezó a aplicarse con rigor en 1934 [y], no se abandonaría hasta 1968, año en el que fue reemplazado por el MPAA Film Rating System (la célebre calificación por edades que terminaría funcionando en medio mundo), y entraba de lleno en la consideración de lo que podría considerarse moral o inmoral para las audiencias estadounidenses con base en tres grandes líneas de acción:
  1. Ninguna película debe rebajar el estándar moral de sus espectadores y, por consiguiente, la audiencia no debe simpatizar en modo alguno con los criminales, los malvados, los pervertidos, los pecadores o las malas conductas.
  2. Toda producción cinematográfica, dentro de su argumento y de acuerdo a él, debe representar los estándares de vida adecuados (éticos, morales, religiosos, sexuales, etcétera).
  3. Las leyes humanas o naturales no deben ser ridiculizadas, ni se debe permitir que el espectador simpatice en forma alguna con los personajes, ideas o tendencias que propaguen esta clase de ridiculización [5].
Citas: [1] FINE, G. A. “Scandal, Social Conditions, and the Creation of Public Attention: Fatty Arbuckle and the "Problem of Hollywood"”. En: Social Problems, vol. 44, nº 3, 1997, p. 299. [2] MERRITT, G. Room 1219. Chicago: Chicago Review Press, 2013. [3] FINE, G. A. Ob. cit. p. 300. [4] PAVÉS, G. M. El cine negro de la RKO. En el corazón de las tinieblas. Madrid: T&B Editores, 2003, p. 255. [5] PÉREZ FERNÁNDEZ, F. Mentes criminales. Madrid: Nowtilus, 2012, p. 144.

miércoles, 16 de mayo de 2018

El régimen sancionador de los estudiantes universitarios

Bajo el epígrafe “Regulación de los procedimientos administrativos sancionadores en el ámbito universitario”, la disposición adicional segunda del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprobó el Estatuto del Estudiante Universitario estableció que: El Gobierno presentará a las Cortes Generales, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto [lo que sucedió el 1 de enero de 2011], un proyecto de ley reguladora de la potestad disciplinaria, en donde se contendrá la tipificación de infracciones, sanciones y medidas complementarias del régimen sancionador para los estudiantes universitarios de acuerdo con el principio de proporcionalidad. De igual modo, en dicho proyecto de ley, se procederá a la adaptación de los principios del procedimiento administrativo sancionador a las especificidades del ámbito universitario, de manera que garantice los derechos de defensa del estudiante y la eficacia en el desarrollo del procedimiento.

Como a la hora de redactar esta entrada –en mayo de 2018– el Gobierno aún no ha desarrollado aquella previsión reglamentaria de 2010, el instrumento jurídico que todavía regula este ámbito sancionador continúa siendo una norma preconstitucional dada en el Pazo de Meirás: el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprobó el Reglamento de disciplina académica [RDA] de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional que, hoy en día, mantiene su plena vigencia salvo en lo dispuesto en aquellos artículos que traten del personal docente de Centros universitarios, de acuerdo con la disposición derogatoria del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario.

Con ese marco jurídico, veamos un ejemplo de cómo se aplica el RDA de 1954 en la actualidad: según la sentencia 1332/2018, de 28 de marzo, de la Audiencia Nacional [ECLI:ES:AN:2018:1332]: (…) 1. El recurrente estaba matriculado en un curso de Master Universitario en Derechos Fundamentales de la Facultad de Derecho de la UNED y al realizar sus trabajos obligatorios para superar la asignatura "Tutela Procesal Civil y Penal de los Documentos Fundamentales", según le imputa la UNED, plagió, en dos ocasiones, diversos artículos doctrinales. 2. El 31 de enero de 2014 se le incoó expediente disciplinario por dichos hechos, declarándose la caducidad de dicho expediente el 4 de mayo de 2015, incoándose de nuevo el 19 de mayo siguiente. 3. El 15 de abril de 2016 se dictó resolución por el Rector de la UNED, imputando al recurrente la autoría de una falta "grave", por "falta de probidad" tipificadas en el artículo 5a) 5 del vigente Reglamento de Disciplina Académica de 8 de septiembre de 1954. Se le impuso la sanción de expulsión temporal del Centro por un período de cinco años que deberá materializarse con la prohibición matricularse en la UNED durante el curso 2015/2016; 2016/2017 y 2017/2018. El fallo desestimó el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia impugnada.

lunes, 14 de mayo de 2018

La asociación entre Israel y la Unión Europea

En el año 1897, inspirado en la visión de Theodor Herz sobre el Estado judío, el primer congreso sionista proclamó el derecho del pueblo judío de revivir su carácter nacional en su propio país. Este derecho fue reconocido por la Declaración Balfour el 2 de noviembre de 1917 y ratificado por el Mandato de la Sociedad de las Naciones, que expresó el reconocimiento internacional explícito a la conexión histórica del pueblo judío con Palestina y su derecho a constituir nuevamente su hogar nacional. El holocausto nazi, que sepultó a millones de judíos en Europa, demostró una vez más la necesidad urgente de restablecer el Estado judío. (…) El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución a favor del establecimiento de un Estado judío independiente en Palestina, e hizo un llamamiento a los habitantes del país a tomar las medidas necesarias de su parte para poner en marcha el plan.
 
El reconocimiento por parte de las Naciones Unidas del derecho del pueblo judío a establecer un Estado independiente no podrá ser revocado. Además, el pueblo judío tiene un derecho manifiesto a constituirse en nación, como todas las demás naciones, en su propio Estado soberano. Por consiguiente, nosotros, los miembros del Consejo Nacional, en representación de la comunidad judía en Palestina y el movimiento sionista mundial, estamos reunidos aquí en sesión solemne en el día de la terminación del Mandato Británico sobre Palestina y, en virtud del derecho natural e histórico del pueblo judío y de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento del Estado judío en Palestina, que llevará el nombre de Israel (*).
 
Con estas palabras, a las 16:00 del 14 de mayo de 1948 –hace hoy 70 años– el director del Consejo Nacional Judío y futuro Primer Ministro israelí, David Ben Gurion, leyó la Declaración de Independencia de Israel, cuna del pueblo judío, en el Museo de Tel-Aviv.
 
La estrecha vinculación euroisraelí se puso de manifiesto una década más tarde, en 1958, cuando el Estado hebreo se convirtió en el tercer país del mundo –tras Grecia y los Estados Unidos– que estableció una misión diplomática en Bruselas [1] aunque, ese mismo año, un memorándum de la Comisión Europea rechazó la posibilidad de que sus relaciones bilaterales concluyeran en la adhesión a la incipiente Comunidad Económica Europea; no obstante, en virtud del Art. 238 del Tratado de Roma, sí que propuso la posibilidad de llegar a firmar un Tratado de Asociación [2].
 
 
El primer paso fue –como era habitual en los años 70– firmar un acuerdo de cooperación (o de primera generación): el Reglamento (CEE) nº 1274/75 del Consejo, de 20 de mayo de 1975, por el que se celebró el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Estado de Israel.
 
Aquel tratado se sustituyó por el actual Acuerdo Euromediterráneo que creó una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Estado de Israel, por otra, hecho en Bruselas el 20 de noviembre de 1995, bajo la presidencia española del Consejo; enmarcado en el contexto de los denominados acuerdos euromediterráneos que las autoridades de Bruselas continuaron suscribiendo, entre 1998 y 2006, con El Líbano, Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez; siempre, con un triple objetivo, fomentar un diálogo periódico en materia de política y seguridad; la cooperación económica, comercial y financiera; y la cooperación social, cultural y en materia de educación.
 
Recordemos, como ha señalado el profesor Hidalgo Lavié, que en los años 90, durante el gobierno socialista de Felipe González, (…) la acción diplomática de España no se limitó solo a apoyar, de forma decidida y continua, el Proceso de Paz en Oriente Medio iniciado en Madrid, sino también a aproximar a Israel al mundo europeo, otorgándole un status específico y relevante [3].
 
Desde entonces, este país socio con el que se desarrolla una relación especial basada en la cooperación, la paz y la seguridad, la responsabilidad mutua y el compromiso común con los valores universales de democracia, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos [según el Reglamento (UE) n° 232/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se estableció un Instrumento Europeo de Vecindad] ha fomentado su relación con la Unión Europea en otros aspectos más concretos, firmando nuevos acuerdos sobre cooperación científica y técnica; aviación; liberalización del comercio de productos agrícolas y pesca, etc. o incluso su participación en el Programa Marco de Investigación e Innovación “Horizonte 2020” o el conocido Erasmus+.

Por último, en cuanto a la otra gran organización de integración paneuropea, Israel no es uno de los 47 Estados miembro del Consejo de Europa pero sí que es, desde diciembre de 1957, uno de sus 6 Estados observadores (*); de modo que la Knesset (el Parlamento israelí) está representada en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) por una delegación de tres miembros.
 
NB: todo ello sin olvidar que, más allá de su participación en las instituciones regionales europeas, la vinculación de Israel con el Viejo Continente es indudable; por citar tres ejemplos recientes: en abril de 2018, el Campeonato Europeo de Yudo se celebró en Tel Aviv; a continuación, la primera etapa de la 101ª edición del Giro de Italia salió de Jerusalén; y, anteayer, el 12 de mayo de 2018, la representante israelí ganó en Lisboa (Portugal) el festival de la canción de Eurovisión (y ya van cuatro ocasiones: 1978, 1979, 1998 y 2018).
 
Citas: [1] PARDO, S. y PETERS, J. Israel and the European Union: A Documentary History. Plymouth: Lexington, 2012, p. XXVII. [2] Ob. cit., p. 4. [3] HIDALGO LAVIÉ, A. y TOBIASS, J. Israel, siglo XXI: tradición y vanguardia. La Coruña: Netbiblo y UNED, 2011, p. 164.

viernes, 11 de mayo de 2018

¿Cuál fue la primera regulación española del delito de terrorismo?

En la codificación penal de España, el delito de terrorismo se tipificó, por primera vez, de forma expresa, en el capitulo XII, De la tenencia y depósito de armas o municiones y de los delitos de terrorismo y tenencia de explosivos, del Título II, Delitos contra la seguridad interior del Estado, regulados en el Decreto de 23 de diciembre de 1944 que promulgó nuestro sexto Código Penal (tras los anteriores textos punitivos, de 1822, 1848, 1870, 1928 y 1932); en concreto, el Art. 260 CP 1944 dispuso que: El que con el fin de atentar contra la seguridad del Estado o de alterar el orden público ejecutare actos encaminados a la destrucción de obras, fábricas u otras dependencias militares, iglesias u otros edificios religiosos, museos, bibliotecas, archivos, edificios públicos o particulares, puentes, diques, puertos, canales o embalses, vías de comunicación, de transporte, conducciones de energía eléctrica o de otra fuerza motriz y otras construcciones análogas destinadas al servicio público, minas, polvorines, depósitos de gasolina u otros combustibles, naves, aeronaves y aeroplanos, a provocar incendios, emplear sustancias explosivas, inflamables, asfixiantes y otras homicidas, o a causar. catástrofes ferroviarias, naufragios u otros hechos análogos, será castigado: 1) Con la pena de reclusión mayor a muerte cuando resultare alguna persona muerta o con lesiones graves. 2) Con la de reclusión mayor si de resultas del hecho sufriere alguna persona, lesiones menos graves o hubiere riesgo inminente de que sufrieran lesiones varias personas reunidas en el sitio en que el estrago se produjera. 3) Con la de reclusión menor cuando fuera cualquier otro el efecto producido por el delito o cuando colocados o empleados los explosivos o materias inflamables con los propósitos a que se refiere el párrafo primero de este articulo, la explosión o el incendio no llegara a producirse.
 
Sin embargo, al margen de los Códigos Penales vigentes desde 1822, en la legislación especial española encontramos otros precedentes que debemos conocer. En este sentido, según el profesor Martínez Dhier: En nuestro país, podemos situar e identificar la primera disposición “antiterrorista”, al igual que en el resto de Europa, en las postrimerías del XIX, con la denominada Ley de 10 de julio de 1894 [Gaceta de Madrid, nº 192, de 11 de julio de 1894] sobre atentados contras las personas o daños en las cosas por medio de aparatos o sustancias explosivas, dirigida inicialmente contra dicha violencia anarquista, llenando así el hueco legislativo existente hasta entonces. (…) Su preámbulo señaló la necesidad de integrar los vacíos de la legislación penal ante las nuevas figuras de delitos, aunque se limitaba a establecer tipos dirigidos a la utilización de aparatos o sustancias explosivas, sin hacer referencia a ningún grupo ideológico, y sin introducir elemento alguno subjetivo que requiriese la finalidad política o de subversión social, que era algo característico de estos grupos [1].
 
De forma más implícita, durante la vigencia del Código Penal de 1932, el Gobierno de la II República presidido por Niceto Alcalá-Zamora aprobó la Ley estableciendo las penas que se indican para sancionar los delitos que se determinan (Gaceta de Madrid, nº 290, de 17 de octubre de 1934); su Art. 1 dispuso que: El que con propósito de perturbar el orden público, aterrorizar a los habitantes de una población o realizar alguna venganza de carácter social, utilizara substancias explosivas o inflamables o empleare cualquier otro medio o artificio proporcionado y suficiente para producir graves daños, originar accidentes ferroviarios o en otros medios de locomoción terrestre o aérea, será castigado: Primero. Con la pena de reclusión mayor a muerte cuando resultare alguna persona muerta o con lesiones de las que define y sanciona el artículo 423 del Código penal en los números primero y segundo. Segundo. Con la de reclusión mayor si de resultas del hecho hubiere quedado alguna persona lesionada con las características definidas en el número tercero del precitado artículo 423 o hubiere riesgo inminente de que sufrieran lesiones varias personas reunidas en el sitio en que el estragó se produjera. Tercero. Con la de presidio menor a presidio mayor, cuando fuere cualquiera otro el efecto producido por el delito [recordemos que, en España, las leyes se comenzaron a numerar de forma sistemática a partir de 1959].
 
A pesar de esos antecedentes, el primer precepto español que empleó el término “terrorismo” de forma expresa fue la brevísima Ley modificando la de 4 de Agosto de 1933, denominada de Vagos y Maleantes (Gaceta de Madrid, nº 332, de 28 de noviembre de 1935): Se modifica la Ley de 4 de Agosto de 1933, denominada de Vagos y Maleantes, según se expresa a continuación: Al artículo 2.° se adicionará este párrafo: “Undécimo. Podrán asimismo ser declarados peligrosos como antisociales los que en sus actividades y propagandas reiteradamente inciten a la ejecución de delitos de terrorismo o de atraco y los que públicamente hagan la apología de dichos delitos”.
 
Hoy en día, los delitos de terrorismo se tipifican en los Arts. 571 y siguientes [Capítulo VII del Título XXII del Libro II] del vigente Código Penal [Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre].
 
Cita: [1] MARTÍNEZ DHIER, A. “La legislación antiterrorista en la historia de nuestro derecho. España y el fenómeno terrorista en los siglos XIX y XX”. En Anales de Derecho, 2/2015 (*).
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